1️⃣.1️⃣.- EMPLEO LOCAL – COVEL: PROGRAMA PARA INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS EN EL ÁMBITO LOCAL.
Esta medida se enmarca en el “Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad” que la Junta suscribió el pasado 17 de junio con el resto de grupos parlamentarios.
El compromiso 76 prevé constituir un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros. La mitad de este Fondo (40 millones de euros) se transferirá a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. La otra mitad del Fondo se gestionará al 50% directamente por la Junta de Castilla y León (20 millones de euros) y el otro 50% (20 millones de euros) se transferirá a las Entidades Locales para finalidades relativas a Servicios Sociales y Protección Social de las personas y colectivos más afectados por la crisis.
Los beneficiarios de esta ayuda por importe de 20.000.000 € serán las 9 Diputaciones Provinciales y los 16 municipios de más de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad.
El Ecyl financiará parte de los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores hasta un importe máximo de 10.000 euros por cada contrato a jornada completa por un periodo de 6 meses. Se estima que estos apoyos favorecerán la inserción laboral de 2.000 personas desempleadas, preferentemente de entre los siguientes colectivos prioritarios:
*** Mujeres, preferentemente sin educación superior 
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*** Personas desempleadas de entre 35 y 45 años, preferentemente quienes presenten cargas familiares. 

*** Personas paradas de larga duración, con especial atención a aquellas que han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social. Se entenderá persona parada de larga duración aquella persona que ha estado desempleada 12 meses en un período de 18 meses.

1️⃣.2️⃣.TEMPOCOVID: PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL PARA FACILITAR LA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, EN LOS SUPUESTOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE MENORES, PERSONAS DEPENDIENTES O CON DISCAPACIDAD, QUE DEBAN GUARDAR CONFINAMIENTO DOMICILIARIO A CAUSA DE LA COVID 19, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
FOMENTO DEL EMPLEO E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
El presupuesto de esta línea de subvención será de 400.000 €.
Esta línea de ayudas tiene por objeto fomentar la contratación de personas desempleadas, para sustituir a trabajadores que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
*** Trabajadores por cuenta propia o autónomos, que desarrollando su actividad económica en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, se encuentren en situación de incapacidad temporal por causa de su contagio o su aislamiento provocado por la COVID-19 o en la situación de atención domiciliaria de menores de edad hasta 12 años, personas dependientes o con discapacidad a su cargo, que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la COVID 19.
*** Trabajadores por cuenta ajena, que prestando servicios en centros de trabajo de Castilla y León, se encuentren en la situación de atención domiciliaria de menores de edad hasta 12 años, personas dependientes o con discapacidad a su cargo, que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la Covid 19.
Se prevé formalizar 530 contrataciones temporales con trabajadores desempleados de la Comunidad de Castilla y León.
La cuantía de la subvención por la formalización de cada contrato subvencionable será de 50 € por día en que el trabajador esté contratado.
Órgano gestor: Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 por el cual se limitó la libre circulación de las personas en el territorio español y se suspendió la apertura al público de determinados establecimientos lo que supuso una reducción en los ingresos en importantes ámbitos de la actividad económica.
Una vez levantado el estado de alarma y recuperadas las competencias por las comunidades autónomas, Castilla y León ha adoptado diversas normas de prevención y control para luchar contra la pandemia.
La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades de salud pública. Estas medidas, junto con las adoptadas con otras medidas a nivel nacional, están teniendo un impacto económico, que se proyecta en determinadas empresas y sectores de la Comunidad especialmente en pequeñas y medianas empresas, así como sobre las personas trabajadoras y sus familias.
Conscientes de esta situación, el Consejo del Diálogo Social, compuesto por el Gobierno de Castilla y León, la organización empresarial más representativa CECALE y los sindicatos más representativos CCOO y UGT, suscribió el acuerdo de 25 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, que también fueron recogidas en el Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19.
Con fecha de 17 de junio, la Junta de Castilla y León suscribió el “Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la Comunidad” (Pacto para la recuperación) con las siguientes fuerzas políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, Partido Socialista Castilla y León, Partido Popular Castilla y León, Ciudadanos Castilla y León, Podemos Castilla y León y Por Ávila.
El punto 25 del Pacto para la recuperación exhorta a la Administración de la Comunidad a establecer nuevas medidas de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis COVID-19, en el marco del Diálogo Social, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, necesidad que también se había planteado en el seno del Diálogo Social, en el cual ya fueron trasladadas varias propuestas. En este plan también se incluye los criterios para la distribución de la aportación de los 20 millones de euros que el Fondo Extraordinario COVID-19, constituido por el punto 76 del Pacto para la recuperación, destina a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión. En este sentido y como apoyo a la Estrategia de Empleo Rural y Local, el Diálogo Social apuesta por apoyar a colectivos especialmente afectados por la pandemia en el mercado de trabajo, como mujeres, y desempleados de larga duración y desempleados de entre 35 y 45 años especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares.
En el Consejo del Diálogo Social celebrado el pasado día 30 de septiembre se constituyó la Comisión Negociadora del Plan de Choque para el empleo coincidiendo la voluntad de las partes en establecer un proceso negociador rápido para que las medidas acordadas se trasladen a la ciudadanía lo antes posible.
Dentro de las políticas activas de empleo, el plan centra sus esfuerzos en el fomento de la contratación a través de las entidades locales, apoyando contrataciones a personas en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades de empleabilidad, apoyando preferentemente a mujeres sin educación superior, personas desempleadas con cargas familiares y parados de larga duración. También se destina una línea de apoyo a los autónomos en la contratación para la conciliación familiar y laboral. En estas medidas el plan de choque destina 20.400.000 €.
La situación provocada por la pandemia incide en el conjunto de los trabajadores y en especial aquellos trabajadores con menores ingresos que además se han visto reducidos como consecuencia de la afectación en expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTEs ETOP) y a aquellos trabajadores mayores de 55 años que provenientes de empresas en crisis pierdan su contrato y que por su edad precisen de un apoyo para paliar la situación económica de estos trabajadores. Para estos dos programas de protección a trabajadores/as el plan de choque pone a disposición 7.000.0000.€.
De otro lado, aunque todavía no se ha manifestado en su totalidad el impacto de la pandemia en el empleo y sus repercusiones en el tejido productivo de Castilla y León debemos actuar sin más demora mediante la determinación e implementación de las medidas que los trabajadores y las empresas necesitan ante la disminución de la actividad económica. Si bien es cierto que todos los sectores de la economía sufren los efectos producidos por la pandemia, también lo es que en determinados sectores y sus trabajadores como los de la hostelería y restauración, el comercio de proximidad y los vinculados a la cultura, las medidas sanitarias de salud pública inciden especialmente en su actividad. La salud laboral contribuye directamente a la productividad y mantenimiento del empleo. Además, en estos momentos, la disposición de una adecuada política empresarial de salud laboral, con la disposición de medios preventivos y de protección coadyuva al logro de las medidas de salud pública tomadas para contener la pandemia.
El acuerdo de 25 de marzo de 2020 del Consejo del Diálogo Social por el que se aprueba el Plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores/as, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables con motivo de la crisis del COVID-19, recogió el apoyo a medidas tomadas por las empresas sólo para la adquisición de equipos de protección individual. El Plan de Choque complementa la medida tomada en el anterior acuerdo apoyando la adquisición de equipos y elementos de protección colectiva.

Ante lo cual el plan de choque destina 33.200.000 €, de los cuales 18.500.000 € se destinan al desarrollo de un programa de ayudas a trabajadores, autónomos y empresas y a programas de ayudas de carácter sectorial y territorial 14.700.000 €.
Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas la pandemia ha supuesto el cambio disruptivo en la forma de realizar sus negocios. El comercio electrónico se ha generalizado en las empresas y en la sociedad. La transformación hacia la digitalización efectiva conlleva importantes cambios económicos y sociales. El mercado de trabajo se tiene que adaptar a la nueva realidad derivada por la pandemia y sus efectos y por la súbita transformación hacia la digitalización. Las empresas para mantener su competitividad precisan de una adaptación continua al entorno, al mercado y a los avances tecnológicos que condicionan las formas de producción de los bienes y servicios y por ende el factor trabajo. El Plan de Choque también aborda el impulso del servicio público de prospección intermediación y orientación laboral integral, al que realizará asesoramiento y seguimiento personalizado para empresas y trabajadores e identificará las necesidades presentes y futuras de adaptación o cualificación profesional para adecuar el mercado de trabajo en cada momento. Para la adecuación del empleo y del tejido productivo el plan de choque destina 10.336.000 €.
La financiación es de capital importancia para las empresas, no sólo para permitir expansionarse sino que también, épocas como las actuales, para permitirlas adaptarse a las nuevas circunstancias flexibilizando su actividad sin por ello dejar de atender sus compromisos. Facilitar la financiación a las empresas y a los autónomos resulta fundamental para el mantenimiento de la actividad económica y del empleo. Para mejorar la liquidez en los sectores económicos el plan de choque destina 18.400.000 €.

Por lo anterior, la Comisión Permanente del Diálogo Social, en su sesión realizada el día 6 de noviembre de 2020, ha acordado elevar al Consejo del Diálogo Social la aprobación de este plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis covid-19 (Plan de choque para el empleo) con un presupuesto de 82.336.000 €, que se articula con los siguientes programas de apoyo.

Los diputados achacan a «la desidia» de Courel el perjuicio para la juntas vecinales

Los diputados provinciales bercianos Ángel Calvo, Raúl Valcarce y Alfonso Arias criticaron ayer que «la desidia y la falta de gestión política» del presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, ha llevado a «perder más de 116.000 euros para la ejecución de obras en los pueblos más pequeños y con menos recursos de la comarca». Se trata —relatan— de una partida de las subvenciones de los Planes de Juntas Vecinales de 2017 y 2018 que el Consejo Comarcal «no adjudicó» a las pedanías y que, por tanto, «no pudieron ser justificadas dentro del plazo de dos años establecido para ello por la Diputación de León».
«No hay ninguna justificación que pueda servir como excusa para la pérdida de este dinero, ya que el Plan de Juntas Vecinales para el Bierzo está delegado en el Consejo Comarcal desde el año 1994 y, desde entonces, tiene plena autonomía para gestionarlo, elaborar las bases de la convocatoria y establecer las cantidades y porcentajes subvencionables que quiera a las juntas vecinales», explicó el diputado y expresidente de la institución berciana, Alfonso Arias.