LA NUEVA CRÓNICA-TRIBUNALES Son ocho que se suman a cuatro funcionarios, con los que se concluye este miércoles la fase de instrucción que decidirá si se abre juicio o no contra el que fuera alcalde entre 2004 y 2011

Los ocho ediles socialistas del anterior equipo de gobierno y cuatro funcionarios de intervención de los años de gobierno del PSOE, liderado por José Manuel Sánchez comenzaron a declarar ayer en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Ponferrada dentro de la macrocausa que los tribunales decidieron englobar de ocho procedimiento de causas pendientes de las que se le acusa al primer edil y a su equipo. Fiscalía inició las denuncias con una sospecha sobre las cuentas y fue el portavoz del PP, Adolfo Canedo, que después llegaría a alcaldía, el que, como acusación particular, se ha mantenido en la causa.

Serán dos días de declaraciones de los ediles socialistas que acompañaron a Sánchez desde 2004 a 2011 que Canedo espera que acabe la instrucción para que el juez tenga todos los datos para tomar la decisión de si lleva o no a juicio al ex alcalde, que podría enfrentarse incluso a penas de prisión.

Pese a que el equipo del PSOE había asegurado que todas las causas abiertas por Canedo se habían archivado, el popular asegura que la continuidad de las diligencias que quedaron pendientes al acumular causas «una artimaña de los abogados para ganar tiempo», apunta, dejan claro que no ha sido así.

Reconoce que todas tienen que ver con «el saqueo que el equipo de gobierno anterior le hizo a las arcas municipales». En ese sentido, el Tribunal de Cuentas había ordenado abrir un proceso contra Sánchez para investigar la cuantía de 3.552.664,42 euros en caudales y efectos públicos del Ayuntamiento de Cacabelos. A esa cifra se fueron sumando otras hasta superar los 7,5 millones de euros. Algunos casos que Canedo considera probables y sangrantes son pagos como el de una parcela del polígono industrial «que se pagó por talón y nunca se llegó a ingresar».

Los ediles que declararon ayer se acogieron a su derecho de no contestar a las preguntas de la acusación y sólo lo hicieron ante los requerimientos de sus propios abogados, algo que ya preveía Canedo. Hoy declara un empleado de confianza , además de otro edil, con el que se cerrará la instrucción.

Hasta veinte testimonios se habrán recogido en la macrocausa, aunque los primeros han sido los de empresarios presuntamente implicados en la ‘trama’ por la que desaparecieron o no se ingresaron determinadas cantidades. Las arcas quedaron tan diezmadas que Canedo, a su entrada en la Alcaldía, se vio obligado a formalizar 5,1 millones de créditos para hacer frente a las deudas «que ellos dejaron en su momento», apunta. Lamenta Canedo que hayan pasado siete años de instrucción para comenzar a hacer justicia y espera que el proceso no quede archivado tras las declaraciones de los ediles.

En 2009 ya, el Tribunal de Cuentas había abierto diligencias preliminares tras la denuncia presentada por Canedo, contra Sánchez y el secretario, José Sernández, por lo que concretaba como «irregularidades». En ese momento Canedo anunciaba que se presentaría «para ejercer la función pública». Los delitos denunciados en aquel momento eran prevaricación y apropiación indebida, por las cuentas de 2006. Canedo asegura que el Tribunal de Cuentas ya ofició dos juicios sobre esta irregularidad «pero aún no ha concretado la sentencia», dice. Canedo consiguió incluso, en su etapa como regidor, el respaldo de la corporación para presentar una denuncia contra su predecesor ante Fiscalía «por las ilegalidades y falsedades detectadas entre 2006 y 2010». Se quejaba de haber tenido que dar luz verde a la liquidación de los años 2009 y 2010 «por imperativo legal», cuando debía haberlo hecho Sánchez durante su mandato.