Los Concejales del Grupo Municipal Popular abandonan el Pleno Municipal celebrado hoy, en el 2º punto del Orden del Día, porque el Alcalde socialista, Sergio Álvarez, les ha negado copia de los expedientes que componen el Orden del Día, con la muda complicidad del Tripartito que lo sustenta.

Una vez más el Alcalde socialista, Sergio Álvarez, se ha negado de forma tajante a facilitar las copias a las que tienen derecho los concejales a pesar de haberlas solicitado por escrito de forma individual. Esta actitud la viene manteniendo este Alcalde desde el inicio de este Mandato, una vez más, consideramos que se vulneran los derechos de los Concejales para poder ejercer su labor de participación en los órganos colegiados del Ayuntamiento.

La Constitución Española del 78 en su artículo 23, al igual que la Ley de Bases de Régimen Local y el R.O.F. de las Administraciones Locales reconocen a los Concejales a título individual, una serie de derechos, entre los que también está el de obtener copia de los documentos de los expedientes que se someterán al debate y votación en los Plenos Municipales. Estos derechos también se reconocen en Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que marcan la jurisprudencia en este sentido.

Se nos da acceso a los expedientes de forma infrahumana: este Pleno, que cuenta con expedientes probablemente de más de 300 folios se nos obliga a consultarlos de pie, en el mostrador de la Oficinal General Municipal, y al negarse a darnos copias de los expedientes solicitados, para nuestro estudio nos imposibilita la correcta toma de decisiones. Esta actitud del Alcalde, Sergio Álvarez,  nos reafirma en el afán de obstruccionismo, falta de transparencia y oscurantismo impuesto por este Alcalde, que debe pretender que los Concejales del Partido Popular vengan a los plenos con una actitud de “Congreso a la Búlgara” y votemos a ciegas todas sus propuestas.

Para colmo, nos propone que para la obtención de copias de los expedientes plenarios pongamos a su disposición recursos privados personales: un ordenador, una conexión a internet, un correo electrónico, impresora, papel, etc.. y entonces el Alcalde nos remitiría las copias digitalizadas. Todo ello después de negarnos desde el inicio del mandato todos los recursos públicos que la ley le obliga a poner a disposición del grupo municipal mayoritario: despacho de atención al ciudadano, equipamiento administrativo, material de oficina,… indispensable para ejercer nuestra labor de concejales, en cualquier institución democrática.

Por este cúmulo de actitudes del Sr. Alcalde despóticas, obstruccionistas y absolutamente antidemocráticas, apoyadas por sus socios del Tripartito, los Concejales del Partido Popular, decidimos abandonar un Pleno en el que no se respetan nuestros derechos Fundamentales.

Respecto al asunto más importante que incluía el Orden del Día: la Aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2017, solo tenemos que añadir que en líneas generales estaríamos a favor de aprobarlo, salvo porque ha sido informado por la Interventora Interina nombrada por la Junta de Castilla y León, y cesada por esta institución desde hace 10 meses, continuando desde entonces interviniendo en el Ayuntamiento de Cacabelos. En concreto su cese como Interventora Municipal es de fecha 26 de enero de 2016.

Estos son los calificativos que nos merecen las dos ordenanzas que el Tripartito que Gobierna Cacabelos, lleva para su aprobación inicial en el próximo Pleno Municipal del  miércoles, 30 de noviembre.

Dictaminadas en sendas comisiones, celebradas la semana pasada: La Ordenanza Municipal  Reguladora de Prestaciones de Ayudas de Urgencia Social y La Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones; el Alcalde socialista, Sergio Álvarez, las lleva en el Orden del Día para su aprobación inicial, despreciando cualquier búsqueda del consenso necesario, para la óptima puesta en funcionamiento de estos asuntos sociales tan sensibles para la ciudadanía.

El Grupo Municipal Popular, mayoritario en el Ayuntamiento de Cacabelos, quiere dejar meridianamente claro su total apoyo, compromiso y solidaridad tanto con las personas y familias en situación de Urgencia Social del Municipio, como con TODAS las asociaciones inscritas en Cacabelos.

Nuestras causa, es contra unas ordenanzas surgidas del capricho del Tripartito -PSOE, IU Y ACC (Podemos)-, sin ningún tipo de estudio técnico previo, por parte de ninguna administración social municipal o supramunicipal, sin seguir la recomendación ni el criterio de ningún técnico, sin ofrecer ninguna estadística que avale, la necesidad real de articular Ayudas de emergencia social Municipales en Cacabelos, además de las que ya están a disposición de los ciudadanos por la Diputación de León y la Junta.

Por otro lado estas ordenanzas, en su desarrollo y aplicación, no implican el establecimiento de criterios objetivos ni accesibles para  sus potenciales destinatarios, ni en la concesión de las ayudas ni en la concesión de las subvenciones. Se deja al criterio del Alcalde y su equipo la decisión final sin posibilidad alguna de rebatir sus medidas arbitrarias. Nos preguntamos si se pretende manipular con la discrecionalidad política hasta en las ayudas a los más necesitados, nos preguntamos si el libre albedrío de los que nos gobiernan intenta favorecer solo a las asociaciones afines despreciando a las más numerosas y representativas del municipio.

Por  último, ambas ordenanzas no pasan de ser simples objetos oportunistas de propaganda política de un Equipo de Gobierno, que ante su incapacidad, articula normas que solo persiguen grandes titulares, sin su correspondiente contenido presupuestario. Así en el Presupuesto del 2017, que también se lleva para su aprobación en este pleno: las partidas presupuestarias consignadas para atender las necesidades económicas que se articulan en estas ordenanzas son insignificantes, por no calificarlas de ridículas, sin ninguna correspondencia real con las necesidades sociales que pretenden apoyar.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular exige al Alcalde socialista, Sergio Álvarez,  y al Tripartito el mismo esfuerzo presupuestario en política social que realizó el Gobierno popular en el Presupuesto 2015, dedicando a la creación de empleo más de 100.000 €.

Tito Fernández recibe hoy el Premio Ciudad de Ponferrada

DL | PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada hará entrega esta tarde del Premio Ciudad de Ponferrada Enrique Gil y Carrasco al historiador berciano Vicente Fernández Vázquez Tito para reconocer su labor a la hora de recuperar el pasado histórico de la ciudad y de la comarca con sus escritos. El Ayuntamiento entregará el premio al galardonado en el transcurso de una gala que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Teatro Bergidum

Vicente Fernández ha sido profesor y forma parte del equipo directivo del Instituto de Estudios Bercianos, que ha editado algunos de sus trabajos. El historiador también ha visto como en los últimos años el Ayuntamiento de Ponferrada publicaba un voluminoso volumen sobre los monumentos de la ciudad, con motivo de su primer centenario como tal, al que dedicó muchas horas y que hoy se ha convertido es una referencia para acercarse al patrimonio de la capital berciana.

David Voces, Gerardo Álvarez e Iván Alonso, en el pleno del Consejo, según informa hoy Bierzodiario:

Los argumentos del equipo de gobierno para justificar la necesidad de la Junta de Coordinación no logran convencer al resto de los grupos, que ven en esta medida un recurso forzado para retribuir a los cuatro consejeros de PSOE y Coalición que no pertenecen a la Junta de Gobierno.

Tras un debate de algo más de una hora, el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó este jueves la creación de la polémica Junta de Coordinación con los 14 votos a favor de PSOE y Coalición por El Bierzo y 12 en contra de PP —el consejero popular Ricardo Miranda estaba ausente—, Ciudadanos, Ponferrada en Común y USE.

Los cuatro consejeros del equipo presidido por Gerardo Álvarez Courel que no pertenecen a la Junta de Gobierno pero que ostentan delegaciones especiales —los socialistas Carmen Morán, Miguel García y Alicia García, y el bercianista Raúl Fernández— pasarán a cobrar 520 euros mensuales por asistir a una reunión semanal de este órgano cuestionado por toda la oposición. En total, cerca de 25.000 euros al año.

Adolfo Canedo criticó la recuperación de esta figura introducida bajo el mandato del socialista José Luis Ramón y suprimida con la llegada a la presidencia del Consejo de Alfonso Arias (PP). Tanto el portavoz popular como los del resto de los grupos alertaron de la posible “desviación de poder” de la que advierte el informe de Secretaría si lo que se pretende es una ampliación por la puerta de atrás de la Junta de Gobierno, formada por diez miembros. Canedo fue más lejos al señalar que de concurrir ese supuesto “estaríamos ante un fraude de ley”.

Por el contrario, tanto David Voces (PSOE) como Iván Alonso (CpB) defendieron la necesidad de este órgano intermedio para coordinar las áreas de trabajo y la representación territorial, mejorando la información entre los consejeros. Ambos enfatizaron además que los asuntos a tratar en ningún caso serán los mismos que los encomendados a la Junta de Gobierno, aunque sus reuniones esté previsto que se celebren el mismo día. Voces la calificó de “esencial” para el funcionamiento del Consejo y Alonso acusó repetidamente a los detractores de la propuesta de “hacer demagogia” con este asunto.

Pero el hecho de que sean precisamente los cuatro consejeros del equipo de gobierno hasta ahora sin más asignación que las asistencias a los plenos y comisiones los que vayan a conformar este nuevo órgano abona las suspicacias de la oposición, que lo tacha de innecesario y puramente alimenticio. “Por qué tienen que cobrar todos los miembros del equipo de gobierno”, se preguntó Canedo (PP). Para USE, la forma de plantear el asunto “es un trágala”. Miguel Ángel Fernández (PeC) sostuvo que “solo responde al cobro de emolumentos” y Rosa Luna (C’s) reiteró el argumento de la “desviación de poder” y renunció a la posibilidad de incorporarse al nuevo órgano como delegada de Transferencias.

En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los grupos, con un debate de apenas 10 minutos, fue en la creación de una Junta de Portavoces que tendrá seis miembros a los que se prevé retribuir con 130 euros por reunión, con un máximo de doce al año.

LA NUEVA CRÓNICA-TRIBUNALES Son ocho que se suman a cuatro funcionarios, con los que se concluye este miércoles la fase de instrucción que decidirá si se abre juicio o no contra el que fuera alcalde entre 2004 y 2011

Los ocho ediles socialistas del anterior equipo de gobierno y cuatro funcionarios de intervención de los años de gobierno del PSOE, liderado por José Manuel Sánchez comenzaron a declarar ayer en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Ponferrada dentro de la macrocausa que los tribunales decidieron englobar de ocho procedimiento de causas pendientes de las que se le acusa al primer edil y a su equipo. Fiscalía inició las denuncias con una sospecha sobre las cuentas y fue el portavoz del PP, Adolfo Canedo, que después llegaría a alcaldía, el que, como acusación particular, se ha mantenido en la causa.

Serán dos días de declaraciones de los ediles socialistas que acompañaron a Sánchez desde 2004 a 2011 que Canedo espera que acabe la instrucción para que el juez tenga todos los datos para tomar la decisión de si lleva o no a juicio al ex alcalde, que podría enfrentarse incluso a penas de prisión.

Pese a que el equipo del PSOE había asegurado que todas las causas abiertas por Canedo se habían archivado, el popular asegura que la continuidad de las diligencias que quedaron pendientes al acumular causas «una artimaña de los abogados para ganar tiempo», apunta, dejan claro que no ha sido así.

Reconoce que todas tienen que ver con «el saqueo que el equipo de gobierno anterior le hizo a las arcas municipales». En ese sentido, el Tribunal de Cuentas había ordenado abrir un proceso contra Sánchez para investigar la cuantía de 3.552.664,42 euros en caudales y efectos públicos del Ayuntamiento de Cacabelos. A esa cifra se fueron sumando otras hasta superar los 7,5 millones de euros. Algunos casos que Canedo considera probables y sangrantes son pagos como el de una parcela del polígono industrial «que se pagó por talón y nunca se llegó a ingresar».

Los ediles que declararon ayer se acogieron a su derecho de no contestar a las preguntas de la acusación y sólo lo hicieron ante los requerimientos de sus propios abogados, algo que ya preveía Canedo. Hoy declara un empleado de confianza , además de otro edil, con el que se cerrará la instrucción.

Hasta veinte testimonios se habrán recogido en la macrocausa, aunque los primeros han sido los de empresarios presuntamente implicados en la ‘trama’ por la que desaparecieron o no se ingresaron determinadas cantidades. Las arcas quedaron tan diezmadas que Canedo, a su entrada en la Alcaldía, se vio obligado a formalizar 5,1 millones de créditos para hacer frente a las deudas «que ellos dejaron en su momento», apunta. Lamenta Canedo que hayan pasado siete años de instrucción para comenzar a hacer justicia y espera que el proceso no quede archivado tras las declaraciones de los ediles.

En 2009 ya, el Tribunal de Cuentas había abierto diligencias preliminares tras la denuncia presentada por Canedo, contra Sánchez y el secretario, José Sernández, por lo que concretaba como «irregularidades». En ese momento Canedo anunciaba que se presentaría «para ejercer la función pública». Los delitos denunciados en aquel momento eran prevaricación y apropiación indebida, por las cuentas de 2006. Canedo asegura que el Tribunal de Cuentas ya ofició dos juicios sobre esta irregularidad «pero aún no ha concretado la sentencia», dice. Canedo consiguió incluso, en su etapa como regidor, el respaldo de la corporación para presentar una denuncia contra su predecesor ante Fiscalía «por las ilegalidades y falsedades detectadas entre 2006 y 2010». Se quejaba de haber tenido que dar luz verde a la liquidación de los años 2009 y 2010 «por imperativo legal», cuando debía haberlo hecho Sánchez durante su mandato.

Canedo denuncia que será una extensión de la junta de Gobierno que está limitada por ley.

El PP rechaza la junta de Coordinación del Consejocon un gasto de 40.000 € al año – El Bierzo – Diario de León  J. C. F. | PONFERRADA

El grupo popular en el Consejo Comarcal anunció este lunes su rechazo a la propuesta que llevará el equipo de Gobierno PSOE-CB al pleno que se celebrará esta semana y que, de aprobarse, supondrá la recuperación de la Junta de Coordinación de la institución berciana. Un órgano que, a decir del portavoz del PP en el Consejo , Adolfo Canedo, supondrá para las arcas comarcales unos gastos de unos 40.000 euros anuales.

Tras recordar los cuatro años de ajustes del gobierno popular en la institución para corregir el desfase de las cuentas heredado, no dudó en calificar de innecesaria esta junta de coordinación «ya que la propia junta de Gobierno, de la que tenemos constancia de su actividad a través de las actas, tiene una falta de contenido total».

El portavoz popular también puso en tela de juicio aspectos legales de la creación de la citada comisión. En este sentido se refirió, a un informe de Secretaría en el que, según afirmó, se pondrían reparos al considerar esta junta de Coordinación como una extensión de la actual junta de Gobierno, cuya composición —número de miembros— está limitada por la Ley de la Comarca, «y esta seria la forma de pagar a todos los integrantes del equipo de gobierno».

En cuanto a la disponibilidad económica del Consejo para afrontar este gasto, Canedo apuntó que «si fuera cierto que hay recursos, algo que está por demostrar, se podrían destinar a otras partidas», señalando alternativas como incrementar los fondos destinados a las pedanías o cofinanciar planes de empleo.

En la sesión plenaria de este jueves, en la que se debatirá este punto, también se ha incluido en el orden del día la creación de la Junta de Portavoces. En este caso, Canedo sí considera que está justificada su creación «de hecho ya se debía haber constituido en el Pleno de organización», aseguró, por la existencia de 6 grupos con representación en la institución comarcal. Pese a ello, Canedo anunció el voto en contra de los populares por «incluir la creación de esta junta y la de Coordinación en el mismo punto», señalando que «parece que se nos estuviera queriendo comprar con un puesto».

Nueva sede

Los populares también mostraron su rechazo a la intención del equipo de gobierno del Consejo Comarcal de cambiar de sede, para lo que al Pleno de este jueves llevarán para su aprobación el expediente para la presentación de ofertas para el arrendamiento de un inmueble. Los populares consideran que «no es el momento», recurriendo a la ironía para ‘agradecer’ al presidente que «no dé la alegría, por el mensaje que está lanzando con esta iniciativa, de que el Bierzo ya salió de la crisis».

Según Adolfo Canedo, la justificación por «dignificar la institución» o el argumento de la falta de accesibilidad en algunas dependencias de la actual sede no se sostienen cuando el cambio va a suponer un importante impacto para las cuentas de la institución. En este sentido el portavoz popular recordó el esfuerzo realizado por el anterior presidente, Alfonso Arias, para rebajar el alquiler del actual inmueble hasta los 70.000 euros. También denunció la existencia en el pliego de condiciones de una opción de compra por el inmueble que se oferte por un precio que, a su juicio, está fuera de mercado: 2.200 euros el metro cuadrado.

BierzoDiario            El portavoz del grupo popular en el Consejo Comarcal , Adolfo Canedo, rechaza lo que interpreta como una ampliación fraudulenta de la actual Junta de Gobierno, cuya escasa actividad no justifica a su juicio la creación de un nuevo órgano, y propone destinar los 40.000 euros a obras o empleo.

La opción de compra para la nueva sede duplica el precio de mercado

El primer grupo de la oposición en el Consejo Comarcal del Bierzo, el PP, anunció este lunes que votará en contra de la propuesta de creación de una Junta de Coordinación que el presidente de la institución, el socialista Gerardo Álvarez Courel, llevará al pleno del próximo jueves y que previsiblemente saldrá adelante con los votos de su formación y de sus socios de Coalición por El Bierzo.

Este órgano intermedio, que según el propio Courel, tendrá “cuatro o cinco miembros”, no es a juicio de los populares más que una fórmula ideada por el equipo de gobierno para retribuir a los consejeros que no forman parte de la Junta de Gobierno ampliando su composición de una manera soterrada al no poder hacerlo legalmente. Algo que, en opinión del portavoz del PP, Adolfo Canedo, supondría “un desvío de poder”.

Canedo insistió esta mañana en que la actividad de la institución comarcal —”no hay más que ver las actas de las Juntas de Gobierno”, invitó— no justifica la recuperación de esta figura creada con gran polémica en tiempos de José Luis Ramón y posteriormente arrumbada. Asimismo, aseguró que no existe consignación presupuestaria para este gasto de 31.200 euros anuales y que, en todo caso, si se obtiene mediante una modificación de crédito el dinero debería destinarse a obras de las juntas vecinales o a la creación de empleo.

Con esta medida, las retribuciones totales de los 14 consejeros que sustentan al presidente “aumentan un 48 por ciento”, enfatizó Canedo, que reprochó a Courel no haber negociado con el primer grupo de la oposición, le acusó de tener “tics dictatoriales” y de practicar “el ocultismo” limitando el acceso a la documentación de los expedientes. Al estar englobadas en el mismo punto todas las nuevas retribuciones, el PP también votará en contra de la creación de un órgano que sin embargo considera necesario, la Junta de Portavoces. En este caso, la partida prevista es de 9.360 euros anuales, a repartir entre los seis portavoces de los grupos que cobrarán 130 euros por asistencia, una al mes.

“No es el momento” para embarcarse en la compra o alquiler de una nueva sede

Otra de las propuestas cargadas de polémica que el presidente del Consejo Comarcal llevará al próximo pleno es el alquiler de un nuevo local de 1.000 metros cuadrados para albergar los servicios actualmente prestados en el Edficio Minero. El PP considera que “no es el momento” de embarcarse en esta operación. “Después de haber conseguido rebajar a la mitad el alquiler que se pagaba de 140.000 euros, ahora se nos propone pagar 169.000 de inicio; hay que felciitar al señor Courel porque parece que el Bierzo ya ha salido de la crisis”, ironizó Adolfo Canedo.

Los populares perciben además muchas zonas de sombra en la propuesta, a la vista de lo que han visto en los informes y en el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato. Por ejemplo, se habla de una posible opción de compra cuyo valor se estima en 2,2 millones de euros, lo que supondría pagar a 2.200 euros el metro cuadrado, muy por encima del precio de mercado. Según la tasación de los técnicos del propio Consejo, este se situaría en torno a 1.250 euros, casi la mitad.

En todo caso, Intervención ya advierte en su informe de la necesidad de cumplir la Ley de Contratos del Sector Público acudiendo a una tasación oficial en caso de inclinarse por la compra. Y Canedo añadió, para reforzar su argumento de que “no es el momento”, que los últimos informes del interventor ya advierten del riesgo de que el Consejo Comarcal incumpla a no tardar mucho tiempo la regla de gasto.

DOCUMENTACIÓN
Courel se propone recuperar la Junta de Coordinación para premiar a sus fieles
http://bierzocomarca.eu/…/27794-courel-se-propone-recuperar…

La cacabelense Mª Emma López Crespo logró la cuarta posición en la general de marcas en la Copa de la Reina de Halterofilia que se ha disputado en Madrid en la sede del Consejo Superior de Deportes.
EMMA consiguió mejorar sus marcar personales. Levantó 90 kilogramos en arrancada y 106 en dos tiempos.

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