PP Cacabelos

Partido Popular de Cacabelos

noviembre 17th, 2018

Siempre con nuestros mayores

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El demencial autoritarismo del Tripartito que gobierna Cacabelos les empuja a incumplir sus propios acuerdos plenarios:
El Alcalde, Sergio Álvarez, ha convocado Pleno Municipal Ordinario para hoy lunes a las 12,30 h. de la mañana, contraviniendo su propia propuesta en los inicios de su mandato, en el Pleno de Organización, respaldada por sus concejales del Tripartito.

Así, la semana pasada se despachó con un nuevo capricho autoritario injustificado e injustificable, convocando el Pleno Municipal para el medio día de hoy.
Su déspota actitud sería disculpable si hubiese argumentado razonadamente, por algún medio la imperiosa necesidad, la ineludible urgencia o la imposibilidad de ajustarse a la periodicidad acordada por los concejales en pleno hace más de 3 años.
Muy al contrario, ordena, dispone y manda haciendo un uso abusivo de sus prerrogativas como Presidente, con la necesaria complicidad muda de sus camaradas de desventuras del PSOE, IU y ACC (Podemos). Claro que con las mensuales dedicaciones que perciben del Consistorio cada uno de ellos, mejor que los plenos sean en horario laboral matinal y no a las 20 h. cuando la gran mayoría de los vecinos ya estarían fuera de sus trabajos y dispuestos a participar. Una nueva muestra de sus verdaderas intenciones sobre la participación ciudadana.
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El Grupo Municipal Popular quiere manifestar, una vez más, su indignación ante este nuevo ramalazo autoritario y déspota del Alcalde, Sergio Álvarez, avalado por sus compañeros de gobierno del Tripartito.
No podemos calificar este gesto más que de caprichoso, injustificado y grotesco, en la línea de la permanente provocación y vulneración de derechos de los Concejales de la oposición.

La situación que está viviendo Cacabelos desde el inicio de este mandato del gobierno TRIPARTITO DE EXTREMA IZQUIERDA, de ilegalidad permanente frente al Ordenamiento Jurídico, manteniéndose en la imposición del peso de los votos, siete son más que seis, para imponer sus caprichosas decisiones.

La razón por la que será juzgado el próximo lunes el Alcalde, Sergio Álvarez, no es más que otro de sus caprichos de niño malcriado, al impedir el acceso a su puesto de trabajo al Interventor Titular: una vez finalizada la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, se encuentra de nuevo en situación de activo con todos los derechos inherentes; no permitirle la reincorporación supone una “Remoción de Facto” de su puesto de trabajo.

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Sergio Álvarez, sin seguir el procedimiento legalmente establecido y careciendo de toda competencia para tomar la decisión de suspender en el ejercicio de su cargo al Interventor Titular, está tomando una decisión injusta a sabiendas de que la está tomando, lo que es constitutivo de un Delito de Prevaricación; así se recoge tanto en las conclusiones de la Fiscalía como en el Auto de apertura de juicio del Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada.
La gravedad de los hechos, hace que se solicite imponer al Alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Trece, el número gafe que tanto le gusta a la portavoz de I.U. Susana Vila, y con el que tendrá pesadillas en el futuro más próximo.
Si las mentiras fueran delitos, Sergio Álvarez, Susana Vila y los Concejales del Gobierno TRIPARTITO que los mantienen, ya habrían sido juzgados y posiblemente condenados, no una o dos veces, sino, Trece veces Trece.

P.D.- EL PROXIMO LUNES SE CELEBRARA EL JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEON, POR PRESUNTA CORRUPCIÓN POLÍTICA CONTRA SERGIO ÁLVAREZ, TODAVÍA ALCALDE DE CACABELOS.

Adolfo Canedo Cascallana
CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

El Grupo Popular de Cacabelos quiere manifestar su indignación y profunda preocupación por la creciente espiral de corrupción en la que está inmerso el Gobierno Municipal del PSOE, IU y ACC (Podemos).
Denunciamos y reprobamos que, tras la sentencia del Tribunal Supremo que refrendaba la condena del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de León y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el Ayuntamiento de Cacabelos por mantener, desde el 12 de enero de 2016, a una interventora interina cesada:
NO HAYAN TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESTABLECER LA LEGALIDAD.

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Ante la gravedad de los hechos denunciados en los tribunales por la Junta de Castilla y León, debemos recordar a todos los ciudadanos del Municipio, primero, al Alcalde Sergio Álvarez y a sus camaradas del Tripartito, después, de las nefastas consecuencias que acarreará para el futuro del Ayuntamiento cada día en que persisten en la ilegalidad de mantener en su puesto a una interventora SIN NOMBRAMIENTO desde hace 2 años y 9 meses; hoy sigue al frente de la Intervención General del Ayuntamiento. Sobre todo cuando ya es firme que TODOS LOS ACTOS EN LOS QUE HA INTERVENIDO SON NULOS: los pasados, los presentes y los futuros.

Recordamos a los ciudadanos las funciones de la interventora que tienen por objeto fiscalizar todos los actos del Gobierno del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones legales vigentes aplicables en cada caso. Es decir, es la máxima responsable de la gestión económica del consistorio, de los dineros públicos, de los ingresos y pagos, de las inversiones, e informa en todos aquellos asuntos municipales que tengan una consecuencia económica.

Si todos estos innumerables actos en los que ha intervenido durante los últimos 2 años y 9 meses, son nulos: ¿qué hace el Alcalde Sergio Álvarez y a sus camaradas del Tripartito para enmendar el quebranto causado e imponer la legalidad en el Ayuntamiento?.
Si quien, o quienes, son los responsables últimos de garantizar la legalidad no la cumplen ni a golpe de sentencia judicial ¿qué podemos esperar los administrados de la gestión correcta de los recursos públicos y de nuestros legítimos intereses particulares frente a una administración que no acata la ley?.
Como ciudadanos responsables nos preguntamos ¿qué hay detrás de este nefasto comportamiento de quienes nos gobiernan y administran nuestros recursos?, ¿qué les ciega para su permanente insumisión a la legalidad?,¿qué intereses espurios defienden realmente manteniendo esta situación anómala y perniciosa para la generalidad del Municipio?.
Como Grupo Municipal Popular exigimos la inmediata restitución de la legalidad en el Ayuntamiento de Cacabelos, el cumplimiento preciso del contenido de las sentencias y les exigimos que, irrenunciablemente, asuman sus responsabilidades políticas:
las de todos y cada uno de los miembros del Tripartito del PSOE, IU y ACC (Podemos) que han conducido al Ayuntamiento de Cacabelos a este caos económico y administrativo a pesar de todas las advertencias políticas, administrativas y judiciales previas.

Cacabelos no merece esta inadmisible escalada en la espiral de corrupción, ni puede permanecer impasible ante este atropello sangrante de sus derechos e intereses de futuro.

P.D.- SOLO FALTAN 5 DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL POR PRESUNTA PREVARICACIÓN CONTRA SERGIO ÁLVAREZ, TODAVÍA ALCALDE DE CACABELOS.

Adolfo Canedo recuerda que el Alcalde de Cacabelos declarará el próximo 29 de octubre en un caso por el que el Fiscal le pide 13 años de inhabilitación

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M.FÉLIX | PONFERRADA

De nuevo, asunto judicial con el Ayuntamiento de Cacabelos de fondo. Ayer, el ex alcalde popular —ahora no adscrito— Adolfo Canedo, citó a los periodistas en un local privado de Ponferrada para contarles que tras la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso de casación que interpuso el equipo del actual alcalde de la villa del Cúa, el socialista Sergio Álvarez, contra la orden administrativa que le obligaba a readmitir al interventor municipal, presentará denuncia por las consecuencias que acarreará al municipio de Cacabelos. Unas consecuencias que Canedo califica como de «terroríficas», dado que, a los costes judiciales hay que añadir el hecho de que todo lo dictaminado por la interventora interina que sustituyó por baja médica al anterior funcionario, es nulo de pleno derecho. Es decir, para Canedo, la decisión del Supremo, que deberá ser ahora ratificada con mandatos judicial de los tribunales de Castilla y León, son nulos los acuerdos plenarios y todo lo que ello conlleva, desde presupuestos, proyectos o pagos de nóminas. Todo desde que el 11 de enero de 2016 recibiera el alta médica el anterior interventor (ahora con plaza en Fabero y Villablino) y decidiera incorporarse a su puesto de trabajo en Cacabelos, y se lo impidiese el actual alcalde con el que mantuvo un enfrentamiento con denuncia de agresión.

Adolfo Canedo también cargó las tintas en la vertiente política contra el actual alcalde socialista de Cacabelos. Dijo que él, como concejal del PP, dimitió de su afiliación política tras verse imputado, y espera que el propio Sergio Álvarez haga lo mismo y dimita, dado que está imputado y será juzgado el próximo 29 de octubre a las 10 de la mañana en la Audiencia Provincial de León. Canedo recordó que la Fiscalía le pide 13 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por prevaricación administrativa al impedir la reincorporación del interventor y mantener a la interina en la actualidad. «No me gusta ver a un alcalde juzgado por un acto penal», manifestó Canedo, quien no obstante destacaba que las sentencias están dictadas para ser cumplidas y que no se puede decir que lo dictado por el Supremo no se puede cumplir. Canedo pide al PSOE que actúe contra su alcalde, lo mismo que le exigió al PP contra él.
diario l.

Rechaza los argumentos del Ayuntamiento y no admite su recurso.

Tribunal-Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Cacabelos contra la sentencia, de 21 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligaba al actual equipo de gobierno a reincorporar al interventor titular y cesar en consecuencia a la interventora interina nombrada por el actual Tripartido.

El fallo confirma a su vez lo acordado por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de León después del recurso presentado por la Consejería de Presidencia contra la decisión de PSOE, IU y Podemos.

En el fallo del TSJ ya confirmó que, tal y como decía ya la primera sentencia, «existe un derecho de los funcionarios públicos al desempeño de las funciones propias de sus puestos de trabajo, por lo que, finalizada la situación de incapacidad temporal, el funcionario se encuentra en situación de activo con todos los derechos inherentes a esa situación». El TSJ recordó también al Ayuntamiento de Cacabelos que, en su recurso, se limitó a decir que dicho funcionario «carecía de idoniedad para incorporarse al trabajo, al no haber sido declarado acto para el mismo tras el reconocimiento efectuado por una empresa de prevención de riesgos laborales», lo que no podía ser aceptado ya que «no puede erigirse en causa impeditiva para la reincorporación al puesto de trabajo». «Lo determinante es la situación de alta laboral, aunque la misma se haya obtenido voluntariamente por el funcionario», explicó.

«De esta forma, no existiendo causa alguna de suspensión, aunque se siguiera procedimiento disciplinario contra el reiterado interventor por el órgano competente para ello de la Administración de la Comunidad Autónoma, no procede que el Ayuntamiento impida la reincorporación al puesto de trabajo, constituyendo ello una auténtica vía de hecho en su actuación», recordó la sentencia que daba la razón a la Consejería de Presidencia y que ahora se confirma el Tribunal Supremo.
diario l.

v.esp

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BANDERA

La Audiencia Provincial desestima el caso abierto por Jesús Moral y el Ayuntamiento de Cacabelos contra Sepia Arquitectos por el cobro de trabajos efectuados en ese Consistorio
La Sección número 3 de la Audiencia Provincial de León ha desestimado definitivamente, sin posibilidad de recurso, la acusación de prevaricación administrativa que caía sobre los arquitectos de la empresa Sepia Técnicos S.L., los hermanos Folgueral Arias, Roberto , Ángel Vicente y Samuel y sobre ex alcalde de Cacabelos, Adolfo Canedo, autor de la contratación del servicio de arquitectura municipal.

www-cacabelosfolgueSamuel Folgueral trabajó como autónomo para Cacabelos, antes de que se creara Sepia, en 2005. Se les acusaba de haber cometido un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos después de que un vecino de la villa del Cúa, Jesús Moral, denunciara ante la Fiscalía con el fin de demostrar que el regidor, Adolfo Canedo había expulsado de su puesto a la anterior arquitecta para contratar a Folgueral a dedo, decía. Según Moral se había pagado a Sepia una suma de dinero cuando fueron contratados por segunda vez en 2012 (antes habían llevado el servicio de 2001 a 2011, primero Folgueral como autónomo y después como empresa) y acusaba, además, a Samuel Folgueral en particular de haber ejercido de arquitecto municipal en Cacabelos en su etapa de alcalde en Ponferrada, algo que el denunciante consideraba incompatible.

Hasta en tres ocasiones se ha procedido a desestimar la acusación desde que esta fuera interpuesta con el primer dictamen en enero de este año. En ese momento, el Ministerio Fiscal decretó el sobreseimiento de la causa y su archivo, ante el que cabía recurso de reforma, con el que se dio continuidad al caso. Pero ya el fiscal, en sus diligencias previas, aseguraba que Sepia no había cometido delito alguno de malversación de caudales públicos, de lo que se le acusaba, además de prevaricación administrativa, mientras trabajó como servicio de arquitectura para el Ayuntamiento de Cacabelos.

Varias facturas que fueron reclamadas por el mismo Folgueral hasta diez años después de haberse efectuado los trabajos hicieron saltar las alarmas para el denunciante, aunque el fiscal aseguraba que la documentación presentada por los requeridos «justifica el dinero que recibe en un orden, claridad y criterio bastante más elevado que el propio Ayuntamiento, que sencillamente ha sido incapaz de poder determinar el tipo de licencias que se informan». Al parecer, las cuentas dejadas por los populares carecían de la información suficiente y Sepia sí contaba con la documentación referida.

Es más, afirma el fiscal que si esa documentación se hubiera facilitado, el caso no hubiera tenido recorrido.
No obstante, tanto el denunciante inicial como el Ayuntamiento de Cacabelos, se encontraron en un recurso de reforma que, de nuevo, fue desestimado entendiendo que «no se infieren indicios de criminalidad suficientes que hagan necesario seguir con la investigación de la causa», dice el escrito del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada.

La base de la causa está en que Sepia cobró determinadas cantidades de dinero que el denunciante entendía no justificadas, pero realmente se concretaban en facturas sobre trabajos efectuados e impagados. El fiscal asegura que los hermanos Folgueral presentaron toda la documentación al respecto justificando «hasta el último céntimo del dinero recibido», dice en sus diligencias previas. Pero el Ayuntamiento «es incapaz de responder el concepto o motivo de los pagos», algo que incluso recrimina el fiscal «dicha conducta del Ayuntamiento solo se entiende o bien desde una posición interesada dentro de la causa o bien desde la existencia de un descontrol absoluto dentro de su Tesorería».

Aunque una de las facturas estaría prescrita, el fiscal reconoce que los trabajos se efectuaron y deben abonarse. Aunque la contratación de Sepia por el Consistorio pudiera haber sido irregular, el fiscal reconoce que eso no tiene que ver con esos cobros posteriores reclamados para abonar trabajos efectuados. Pero el tercer paso dado por los denunciantes fue llegar a la Audiencia Provincial de León, que mantiene lo que recoge en sus diligencias el fiscal y archiva el caso.

«No aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa», dice y apunta que lo que hay son «conjeturas u opiniones meramente personales que no justifican la continuación de la causa». Es más, apunta que, en todo caso, escoger la vía penal para esta causa, no ha sido lo adecuado. Pese a que el dictamen ya es firme y excluye a los arquitectos de responsabilidades, estos deberán abonar en concepto de servicios jurídicos una cantidad superior a los 7.000 euros y apuntan que a esa cifra hay que sumarle el daño que se les ha causado como profesionales.
L.N.C.