PP Cacabelos

Partido Popular de Cacabelos

Rechaza los argumentos del Ayuntamiento y no admite su recurso.

Tribunal-Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Cacabelos contra la sentencia, de 21 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que obligaba al actual equipo de gobierno a reincorporar al interventor titular y cesar en consecuencia a la interventora interina nombrada por el actual Tripartido.

El fallo confirma a su vez lo acordado por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de León después del recurso presentado por la Consejería de Presidencia contra la decisión de PSOE, IU y Podemos.

En el fallo del TSJ ya confirmó que, tal y como decía ya la primera sentencia, «existe un derecho de los funcionarios públicos al desempeño de las funciones propias de sus puestos de trabajo, por lo que, finalizada la situación de incapacidad temporal, el funcionario se encuentra en situación de activo con todos los derechos inherentes a esa situación». El TSJ recordó también al Ayuntamiento de Cacabelos que, en su recurso, se limitó a decir que dicho funcionario «carecía de idoniedad para incorporarse al trabajo, al no haber sido declarado acto para el mismo tras el reconocimiento efectuado por una empresa de prevención de riesgos laborales», lo que no podía ser aceptado ya que «no puede erigirse en causa impeditiva para la reincorporación al puesto de trabajo». «Lo determinante es la situación de alta laboral, aunque la misma se haya obtenido voluntariamente por el funcionario», explicó.

«De esta forma, no existiendo causa alguna de suspensión, aunque se siguiera procedimiento disciplinario contra el reiterado interventor por el órgano competente para ello de la Administración de la Comunidad Autónoma, no procede que el Ayuntamiento impida la reincorporación al puesto de trabajo, constituyendo ello una auténtica vía de hecho en su actuación», recordó la sentencia que daba la razón a la Consejería de Presidencia y que ahora se confirma el Tribunal Supremo.
diario l.

v.esp

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BANDERA

La Audiencia Provincial desestima el caso abierto por Jesús Moral y el Ayuntamiento de Cacabelos contra Sepia Arquitectos por el cobro de trabajos efectuados en ese Consistorio
La Sección número 3 de la Audiencia Provincial de León ha desestimado definitivamente, sin posibilidad de recurso, la acusación de prevaricación administrativa que caía sobre los arquitectos de la empresa Sepia Técnicos S.L., los hermanos Folgueral Arias, Roberto , Ángel Vicente y Samuel y sobre ex alcalde de Cacabelos, Adolfo Canedo, autor de la contratación del servicio de arquitectura municipal.

www-cacabelosfolgueSamuel Folgueral trabajó como autónomo para Cacabelos, antes de que se creara Sepia, en 2005. Se les acusaba de haber cometido un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos después de que un vecino de la villa del Cúa, Jesús Moral, denunciara ante la Fiscalía con el fin de demostrar que el regidor, Adolfo Canedo había expulsado de su puesto a la anterior arquitecta para contratar a Folgueral a dedo, decía. Según Moral se había pagado a Sepia una suma de dinero cuando fueron contratados por segunda vez en 2012 (antes habían llevado el servicio de 2001 a 2011, primero Folgueral como autónomo y después como empresa) y acusaba, además, a Samuel Folgueral en particular de haber ejercido de arquitecto municipal en Cacabelos en su etapa de alcalde en Ponferrada, algo que el denunciante consideraba incompatible.

Hasta en tres ocasiones se ha procedido a desestimar la acusación desde que esta fuera interpuesta con el primer dictamen en enero de este año. En ese momento, el Ministerio Fiscal decretó el sobreseimiento de la causa y su archivo, ante el que cabía recurso de reforma, con el que se dio continuidad al caso. Pero ya el fiscal, en sus diligencias previas, aseguraba que Sepia no había cometido delito alguno de malversación de caudales públicos, de lo que se le acusaba, además de prevaricación administrativa, mientras trabajó como servicio de arquitectura para el Ayuntamiento de Cacabelos.

Varias facturas que fueron reclamadas por el mismo Folgueral hasta diez años después de haberse efectuado los trabajos hicieron saltar las alarmas para el denunciante, aunque el fiscal aseguraba que la documentación presentada por los requeridos «justifica el dinero que recibe en un orden, claridad y criterio bastante más elevado que el propio Ayuntamiento, que sencillamente ha sido incapaz de poder determinar el tipo de licencias que se informan». Al parecer, las cuentas dejadas por los populares carecían de la información suficiente y Sepia sí contaba con la documentación referida.

Es más, afirma el fiscal que si esa documentación se hubiera facilitado, el caso no hubiera tenido recorrido.
No obstante, tanto el denunciante inicial como el Ayuntamiento de Cacabelos, se encontraron en un recurso de reforma que, de nuevo, fue desestimado entendiendo que «no se infieren indicios de criminalidad suficientes que hagan necesario seguir con la investigación de la causa», dice el escrito del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 3 de Ponferrada.

La base de la causa está en que Sepia cobró determinadas cantidades de dinero que el denunciante entendía no justificadas, pero realmente se concretaban en facturas sobre trabajos efectuados e impagados. El fiscal asegura que los hermanos Folgueral presentaron toda la documentación al respecto justificando «hasta el último céntimo del dinero recibido», dice en sus diligencias previas. Pero el Ayuntamiento «es incapaz de responder el concepto o motivo de los pagos», algo que incluso recrimina el fiscal «dicha conducta del Ayuntamiento solo se entiende o bien desde una posición interesada dentro de la causa o bien desde la existencia de un descontrol absoluto dentro de su Tesorería».

Aunque una de las facturas estaría prescrita, el fiscal reconoce que los trabajos se efectuaron y deben abonarse. Aunque la contratación de Sepia por el Consistorio pudiera haber sido irregular, el fiscal reconoce que eso no tiene que ver con esos cobros posteriores reclamados para abonar trabajos efectuados. Pero el tercer paso dado por los denunciantes fue llegar a la Audiencia Provincial de León, que mantiene lo que recoge en sus diligencias el fiscal y archiva el caso.

«No aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa», dice y apunta que lo que hay son «conjeturas u opiniones meramente personales que no justifican la continuación de la causa». Es más, apunta que, en todo caso, escoger la vía penal para esta causa, no ha sido lo adecuado. Pese a que el dictamen ya es firme y excluye a los arquitectos de responsabilidades, estos deberán abonar en concepto de servicios jurídicos una cantidad superior a los 7.000 euros y apuntan que a esa cifra hay que sumarle el daño que se les ha causado como profesionales.
L.N.C.

Suponemos que, fruto de la incompetencia probada del Gobierno Municipal del PSOE, IU y ACC (Podemos), incapaz durante más de 3 años de articular la más mínima inversión para el Municipio e incapaz de articular políticas reales que incidan en el progreso de la ciudadanía : LOS PRECIPITA A CREERSE SUS PROPIAS MENTIRAS.
Suponemos que el nerviosismo preelectoral los empuja a manifestaciones delirantes como las que vertieron ayer, que solo se sostienen en sus frustraciones por sus incapacidades.

Cuando, desde el Grupo Municipal Popular, venimos denunciando desde el inicio del mandato de Sergio Álvarez el obstruccionismo, el revanchismo y el aislamiento político, representativo e institucional de la oposición, a golpe de autoritarismo; resulta ridículo que ayer se nos reproche la falta de participación.
Cuando desde hace más de 3 años de gobierno Tripartito jamás se nos convocó para negociar consensos, ni en los asuntos capitales para el municipio, imponiéndose sus propuestas por el rodillo de sus votos.
Cuando tenemos un Gobierno Municipal instalado en la ilegalidad con multitud de sentencias condenatorias de sus políticas en todas las instancias judiciales del País, Y UN ALCALDE ACUSADO DE PREVARICACIÓN A PUNTO DE SER JUZGADO que se atrinchera en el poder de forma democráticamente inexcusable, mientras sus camaradas practican el silbo canario.
Cuando la única respuesta para todas nuestras propuestas fue y es: “…ya conocen el camino de los juzgados” , que aquí lo que es “ley” son la fuerza de nuestros votos -al más puro estilo del golpismo independentista-, aún a costa de vulnerar permanentemente la legalidad vigente.
Cuando se mantiene en su puesto a una interventora interina cesada desde enero de 2016, contra el criterio de la administración autonómica y de los juzgados, que sigue informando de todos los asuntos económicos que van a Pleno, contra toda racionalidad frente al interés público.
Cuando la participación en los plenos de la oposición la articula el CAPRICHO DEL PRESIDENTE que da y quita la palabra a la oposición según le convenga o le incomode, sin posibilidad de réplica o usa las fuerzas del orden contra los representantes políticos. Cuando se oculta información; cuando repetidamente, con sentencias firmes, se vulneran los derechos fundamentales de los concejales de la oposición.
Cuando se instrumentalizan en los plenos los ruegos y preguntas como arma arrojadiza contra la oposición, contraviniendo su función fiscalizadora de la oposición al gobierno como prevé la ley, degradándolas a meras soflamas revanchistas y autocomplacientes con su Gobierno Tripartito. (Por cierto todavía estamos esperando las respuestas a nuestras preguntas de los primeros plenos del Mandato).
Cuando de forma obsesiva se persigue judicialmente al portavoz de la oposición, interponiéndole multitud de demandas con causas políticas, de su gestión y personales que HAN PERDIDO TODAS A COSTA DE LOS DINEROS DE LOS CIUDADANOS.
delfin

Cuando … un largo etc. de despropósitos que resumen su acción de gobierno en la PERMANENTE CORRECCIÓN DE ERRORES E ILEGALIDADES, EN LA PERMANENTE OPOSICIÓN A LA OPOSICIÓN:
¿REALMENTE SE CREEN QUE A ESTAS ALTURAS PODEMOS ACEPTAR SUS CICATERAS LLAMADAS A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA OPOSICIÓN?
.

El Grupo Municipal Popular tiene un gran respeto por los ciudadanos de Cacabelos, por la democracia y por la legalidad. No estamos dispuestos a compartir sus mascaradas que solo buscan su propio beneficio, con el ojo puesto únicamente en el clientelismo político no en el interés común de la mayoría de los ciudadanos.
Busquen el consenso no la imposición, respeten la legalidad no la sometan a sus caprichos y practiquen, si saben, la democracia representativa, no continúen mancillándola con el rodillo de su pacto Tripartito cimentado en el revanchismo y el interés personal.

P.D.- SOLO FALTAN 25 DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUCIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL POR PRESUNTA PREVARICACIÓN CONTRA SERGIO ÁLVAREZ, TODAVÍA ALCALDE DE CACABELOS.

Con actitudes Caudillistas de quienes mantienen que siete son más que seis, se imponen y vencen, pero no convencen, y menos aún tuercen la mano de la Justicia.

ADOLF.
Al igual que los filibusteros acusan a la oposición de no participar y aportar nada al debate en los Plenos, cuando son conscientes de que llevan a Pleno acuerdos que son ilegales, al existir informes de una funcionaria sin nombramiento y con dos sentencias que determinan que todos sus actos son nulos, nunca van a conseguir convencernos de participar en ilegalidades.

Nos acusan de abandonar el Pleno antes de finalizar en Ruegos y Preguntas, lo que demuestra una vez más su total desconocimiento de la Ley de Bases y del ROF, ya que este punto del orden del día es para que la oposición fiscalice las acciones de gobiernos, pero estos incompetentes lo usan para ser el gobierno quien interpela a la oposición. A la función pública hay que venir aprendidos y si no es así por lo menos tener interés en aprender, pero nunca querer someter a la oposición a una humillación una vez que manifiesta que no tienen ruegos y preguntas.

Tienen la poca vergüenza de decir que la sentencia del TSJCYL está cumplida, cuando saben que no es cierto y será el Juzgado Contencioso Administrativo quien exija el cumplimiento forzoso de las mismas, con los gastos judiciales correspondientes.

Mantienen una actitud indigna cuando acusan a la oposición de falta de respeto y que solo asiste a los plenos para cobrar, como si la asignación de 50 Euros fuera dispendio.
Y lo que es más grave, tener el atrevimiento de acusarnos de falta de respeto a una señora mayor a la que según ellos increpamos al abandonar el salón de sesiones, cuando la realidad es que fue la citada “señora mayor” que no es de cacabelos, que no conocemos de nada y que estaba junto a su responsable de comunicación, quien nos insulta y falta al respeto, por abandonar el salón de plenos. Es el mundo al revés del que estamos acostumbrados por parte de estos chavistas bolivarianos.

Es de verdaderos amorales querer hacernos responsables de las deudas millonarias del ayuntamiento de Cacabelos de gobiernos anteriores. Estos desmemoriados donde vivieron desde el año 2003 hasta 2011 para no reconocer los verdaderos responsables de la situación de quiebra y ruina en la que dejaron el ayuntamiento los gobernantes del PSOE, con deudas sin reconocer, sin contabilizar, sin pagar y subvenciones malversadas por más de 13 millones de euros. Estamos esperando y deseosos la tan cacareada Auditoria en la que justificaron su pacto de perdedores.

La cacareada modificación de crédito de 50.000 euros, en ningún sitio del expediente se vincula a una sentencia del Tribunal de Cuentas. Solo los indeseables retuercen la realidad de sus incompetencias en defender los intereses públicos y generales. Tiene el Sr. Sergio Álvarez guardadas las sentencias del Tribunal de Cuentas, que no da a conocer al Pleno como exige la legalidad. Oculta de forma indigna que las sentencias son favorables al Ayuntamiento, que impone el reparto de las costas, que el Ayuntamiento tiene que pagar unas, y que tienen que cobrar otras, que existen unos responsables condenados, entre ellos un trabajador laboral condenado por quedarse con el dinero de todos los cacabelenses, y que siguen manteniendo trabajando en el área de intervención y está condenado a pagar al ayuntamiento las cantidades reconocidas en la sentencia más los intereses legales y las costas judiciales. Donde están reconocidas estas cantidades señores del tripartito, o piensan condonarlas a los condenados????.

Y por último, decir a la señora Susana Vila, que por mucho pacto de perdedores que tenga, no se arrogue el derecho que no le reconoce la Ley de Bases y el ROF, en su condición de concejal de gobierno, las intervenciones en el pleno no las dicta usted, cual dictadorzuela, cambiando las normas jurídicas a su antojo.

Las continuas sentencias, contra el Ayuntamiento de cacabelos por conductas irregulares e ilegales y por procedimientos infundados interpuestos por iniciativa personal del Sr. Alcalde Sergio Álvarez que han sido totalmente desestimadas por los tribunales, supondrán en los próximos meses no (50.000 euros) de gastos. Por desgracia las sentencias en contra, los gastos y las condenas en costas (serán de cientos de miles de euros), esa es la verdadera razón de su locura, las actitudes indignas, indeseables y de filibusteros que mantienen. La pena, es que toda esta locura no la pagarán de sus bolsillos los concejales TOTALITARIOS DEL TRIPARTITO, sino nosotros: TODOS LOS VECINOS del Municipio.

P.D.- SOLO QUEDAN 25 DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL POR PRESUNTA CORRUPCIÓN POLÍTICA CONTRA SERGIO ÁLVAREZ, TODAVÍA ALCALDE DE CACABELOS.


Adolfo Canedo Cascallana
CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

octubre 4th, 2018

el día después del Pleno

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fondo
Desde el Grupo Municipal Popular exigimos que se tomen inmediatamente las medidas correctoras necesarias para enmendar los acuerdos plenarios ilegales anulados por el Tribunal Supremo, que son:

Del Pleno del 2-03-2016
2º punto.- Reconocimiento Extrajudicial de Facturas de ejercicios anteriores por importe de 6.268,28 euros.

Del Pleno celebrado el 6-04-2016
2º punto.- Reconocimiento Extrajudicial de Facturas de ejercicios anteriores por importe de 27.766,70 euros.
3º punto.- Modificación Presupuestaria 2/2016 por importe de 26.731,57 euros.
4º punto.- Modificación Presupuestaria 3/2016 por importe de 2.000,00 euros.
5º punto.- Aprobación Ordenanza fiscal Reguladora de uso de edificios públicos.
6º punto.- Aprobación Modificación Ordenanza fiscal reguladora del Cementerio.

Del Pleno del 28-06-2016
3º punto.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del Contrato para la Gestión y Explotación de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD “EL CAMINO”.

Del Pleno celebrado el 13-07-2016
2º punto.- Aprobación Definitiva, de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior mediante Carteles, Carteleras o Vallas Publicitarias y Pintadas.
3º punto.- Aprobación Inicial de la Modificación Presupuestaria, modalidad de Crédito Extraordinario CE-1/2016 por importe de 8.500,00 euros.
5º punto.- Aprobación de contratación del servicio público consistente, mediante modalidad de cesión, en la Gestión y Explotación de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD “EL CAMINO” en Cacabelos mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación, convocando su limitación y por tanto aprobar pliego de clausulas administrativas particulares que regirá en contrato.

Del Pleno celebrado el 27-07-2016
3º punto.- Cambio en el Régimen de dedicaciones Exclusivas y Parciales de algunos Concejales del Tripartito.

Su probada incapacidad no la podemos seguir asumiendo los vecinos, desde el Grupo Municipal Popular exigimos que sus ilegalidades las paguen de sus bolsillos los concejales del Tripartito, instalados en la persecución, en el revanchismo y la constante vulneración de la ley por las fuerza de sus votos. Desde el Grupo Municipal Popular exigimos que, como son incapaces de gobernar respetando la legalidad vigente, DIMITAN YA POR INCOMPETENTES.

Una vez más, el permanente afán del TRIPARTITO por alargar los procedimientos judiciales que le son adversos a sus caprichos: EL TRIBUNAL SUPREMO INADMITE OTRO RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS A UNA CONDENA DEL TSJ CyL, DECLARANDOLA FIRME, Y LOS CONDENA EN LAS COSTAS; COSTAS QUE SUPERARAN LOS 12.000 € QUE PAGAREMOS LOS CIUDADANOS.

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Los precedentes se trasladan a la sentencia del CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1, recurrida al TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN que anulaba varios acuerdos plenarios ilegales, aprobados por el rodillo totalitario del PSOE, IU y ACC (Podemos), y por las que les habían impuesto las costas judiciales de forma expresa. Contra estas sentencias el Alcalde, Sergio Álvarez, interpuso un recurso de casación ante el TRIBUNAL SUPREMO, que no admitió el más alto Tribunal del Estado.

Del Pleno del 28-06-2016
3º punto.-
Iniciar el procedimiento de adjudicación del Contrato para la Gestión y Explotación de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD “EL CAMINO”.
Del Pleno celebrado el 13-07-2016
2º punto.-
Aprobación Definitiva, de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior mediante Carteles, Carteleras o Vallas Publicitarias y Pintadas.
3º punto.- Aprobación Inicial de la Modificación Presupuestaria, modalidad de Crédito Extraordinario CE-1/2016 por importe de 8.500,00 euros.
5º punto.- Aprobación de contratación del servicio público consistente, mediante modalidad de cesión, en la Gestión y Explotación de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD “EL CAMINO” en Cacabelos mediante procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa, varios criterios de adjudicación, convocando su limitación y por tanto aprobar pliego de clausulas administrativas particulares que regirá en contrato.
Del Pleno celebrado el 27-07-2016
3º punto.-
Cambio en el Régimen de dedicaciones Exclusivas y Parciales de algunos Concejales del Tripartito.

Esta nueva decisión del Tribunal Supremo que eleva a firme la anulación de estos acuerdos por el Ayuntamiento de Cacabelos, como ya habían sentenciado el Contencioso Administrativo nº 1 de León y el TSJCyL. Pero, lo que es más grave, condena una vez más en las costas al Ayuntamiento en la totalidad del proceso. Es decir: el Tripartito comete las ilegalidades y el pato lo pagamos todos los vecinos, COSTAS QUE SUPERARAN LOS 12.000,00 EUROS.

Que harán ahora, con la adjudicación de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD “EL CAMINO” DE CACABELOS, y con el acuerdo publicado en el BOP León de fecha 8 de agosto de 2016, donde se establecía las retribuciones de todos los Concejales del Gobierno Tripartito entre los 7.455 euros de unos y los 12.425 euros de otros.

Quiero manifestar una vez más, mi indignación y hartazgo ante esta repetida situación, que en todos los casos se pudo evitar, ya que las anomalías cometidas las he puesto puntualmente en conocimiento del Gobierno Municipal en cada Comisión Informativa y en cada Pleno celebrados.

Indignación y hartazgo porque en su obsesión obstruccionista, revanchista y de odio con la oposición, a los que no nos permiten ningún tipo de aportación ni corrección de sus continuos errores y cacicadas.

E indignación y hartazgo porque toda esta cruzada judicial frustrada del Gobierno Tripartito del filibustero Sergio Álvarez contra mí, de la que no han conseguido ni una sola condena, si que está suponiendo una dilapidación ingente de recursos públicos Municipales en juicios, de los que luego me culpa a mí.

Continuas condenas en costas contra el Ayuntamiento de Cacabelos que no pagarán de sus bolsillos los concejales TOTALITARIOS DEL TRIPARTITO, sino nosotros: TODOS LOS VECINOS del Municipio.

P.D.- SOLO QUEDAN 26 DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL POR PRESUNTA CORRUPCIÓN POLÍTICA CONTRA SERGIO ÁLVAREZ, TODAVÍA ALCALDE DE CACABELOS.

Adolfo Canedo Cascallana
CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

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+ BELLO

La Audiencia Provincial juzgará el 29 de octubre a Sergio Álvarez por su negativa a dejar reincorporarse al interventor.
El alcalde justifica su decisión en el estado de salud del denunciante y su agresividad
ser-kGrE-U601040866925GpG-624x385@LeonoticiasNuevo capítulo judicial de la pugna del alcalde y el exinterventor de Cacabelos.

El alcalde Sergio Álvarez será juzgado en la Audiencia Provincial de León el próximo 29 de octubre por un delito de prevaricación por el que se enfrenta a la suspensión durante 13 años del ejercicio público.
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan a primeros del 2016 cuando Álvarez impidió al interventor titular del Ayuntamiento desde el año 2012 incorporarse a su puesto de trabajo tras haber obtenido el alta por enfermedad.
Para ello, el alcalde dictó un decreto de la Alcaldía, sin seguir procedimiento legal alguno y careciendo de toda competencia. Al día siguiente, el interventor se dirigió de nuevo a su centro de trabajo en el Ayuntamiento en compañía de un notario para retomar su puesto, siendo otra vez denegada su solicitud.
Según señala el ministerio público, el acusado, sin seguir el procedimiento legalmente establecido y careciendo de toda competencia para tomar la decisión de suspender cautelarmente al interventor, pretendía amparar su resolución en el hecho de haber solicitado unas medidas cautelares el mismo día en el que interpuso una demanda por un delito de atentado.
Medidas cautelares que fueron denegadas, informándole de la ilegalidad de su conducta y requiriéndole en varias ocasiones que procediera a la reincorporación del trabajador, persistiendo el alcalde en su actitud.

Manifiesta agresividad
Por su parte, la defensa alega que Sergio Álvarez decidió no incorporar a su puesto de trabajo al denunciante debido a su estado de salud que conllevaba una agresividad manifiesta, dado que no había obtenido el alta médica, que recibió tras no acudir a las revisiones.
La entidad de prevención de riesgos laborales determinó, continúa la defensa, que no era apto para el trabajo a ello se suma que existía un procedimiento penal abierto contra el interventor, que había pedido su trasladado el Ayuntamiento de Fabero.
Motivos que justifican la decisión adoptada por su cliente, en su función de policía dentro del Ayuntamiento y cumpliendo con su obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores municipales. Asimismo señala que el denunciante no ha realizado ninguna reclamación previa ni ha acudido al contencioso administrativo para impugnar la decisión del alcalde.
Por último, señala que la Junta carece de competencias para dar órdenes al alcalde, informando posteriormente de la incorporación del interventor, notificaciones que no atienden a ningún requisito de forma y que fueron adoptadas con posterioridad a la decisión adoptada el 11 de enero.
Por todo ello, la defensa señala que los hechos narrados no son constitutivos de un delito de prevaricación al estar perfectamente motivada la decisión del alcalde y, de no estar ajustada al derecho, tendría que haber sido impugnada en la vía administrativa, remarcando que no procede imponer pena alguna.
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