PPCacabelos

Partido Popular de Cacabelos

3 años después de los lamentables y bochornosos hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Cacabelos, el Juzgado de lo Penal Nº1 de Ponferrada absuelve al exInterventor Municipal del delito de ATENTADO A AGENTE DE LA AUTORIDAD, del que fue denunciado por el Alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez.
Sentencia que se dictó hace casi 2 meses y que el Gobierno Municipal ha guardado, como otras tantas que les son desfavorables, en el cajón sin dar cuenta de ella a los ciudadanos. Hechos que calificamos como gravísimos e intolerables por las gravísimas consecuencias que acarrea para el Municipio.
Recordamos desde el Grupo Municipal Popular que estos desafortunados hechos denunciados por el Alcalde como delito de atentado a agente de la autoridad, y que hoy están absueltos, han servido de “coartada” a Sergio Álvarez y sus camaradas del Tripartito para mantener a la Interventora Interina en su puesto sin nombramiento desde hace más de 2 años y medio.
Situación ilegal de la Intervención Municipal que mantiene el Gobierno Municipal Tripartito en bloque, a pesar del pronunciamiento en contra de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León que la nombró, y contra las condenas del Juzgado Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos juzgados se remontan a agosto de 2015, solo 2 meses después de la llegada al Gobierno Municipal del Tripartito del PSOE, IU y ACC(Podemos); tras más de 3 años de realizar un impecable trabajo como Interventor para el Ayuntamiento de Cacabelos, desde su toma de posesión como funcionario habilitado nacional. Como el que seguro sigue realizando para el Ayuntamiento de Fabero desde marzo de 2016, que ocupa la plaza de Intervención
Desde el Grupo Popular ni hicimos ni hacemos valoraciones de los hechos acontecidos en dependencias municipales porque no estábamos presentes. Conocido el grueso de la sentencia que lo absuelve, si que inferimos que nunca se puede presionar a un funcionario para convertirlo en un “criado” del albedrío político, ni se le puede hostigar con explicaciones que vayan más allá de sus informes técnicos, ni se le debe acorralar en una amalgama de situaciones que estresarían a cualquier persona, como reconoce el Juzgado.
AYTO 1

Sí denunciamos la gravísima situación de ilegalidad que estos hechos han supuesto y suponen para Cacabelos, ya que a raíz de ellos, Sergio Álvarez y el Tripartito del PSOE, IU y ACC(Podemos), ha impedido que el exInterventor Municipal se reincorpore a su puesto de trabajo, y ha mantenido de forma totalmente ilegal a la Interventora Interina sin nombramiento.
Esta situación absolutamente anómala y perniciosa para los intereses generales del Municipio ha hecho que los concejales del PP, en un ejercicio de absoluta responsabilidad, se hayan visto obligados a renunciar a participar en cualquier toma de decisiones en las que haya informado la interventora interina por carecer de nombramiento.

Absuelto el denunciado y condenado en 2 ocasiones ya el Ayuntamiento por esta insostenible situación nos preguntamos, con el resto de los vecinos:
¿Qué excusa esgrimirá ahora Sergio Álvarez y el Tripartito del PSOE, IU y ACC(Podemos) para ocultar nuevamente una sentencia a la ciudadanía?.
¿Qué contenían los informes de Intervención, que se mencionan en la sentencia, y que provocaron la vergonzosa crisis?.
¿Qué argucias y argumentos exhibirán ahora en Plenos y Comisiones, Sergio Álvarez y el Tripartito del PSOE, IU y ACC(Podemos) para seguir manteniendo una Interventora sin nombramiento desde hace más de 2 años y medio?.
¿Qué intereses oscuros se esconden en este comportamiento anómalo de Sergio Álvarez y el Tripartito del PSOE, IU y ACC(Podemos), probadamente orquestado para conseguir un trato de favor?.

Anímate y disfrútalo

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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 3ª en Valladolid, ha vuelto a condenar al Alcalde de Cacabelos, por la permanente vulneración de los DERECHOS FUNDAMENTALES de la oposición popular, violando los preceptos contenidos en el art.23 de la Constitución.
La sentencia objeto de apelación estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por Adolfo Canedo Cascallana contra el Decreto 192/2017, del socialista Sergio Álvarez, anulando y dejando sin efecto el Decreto de Alcaldía impugnado por vulnerar el derecho fundamental a la participación política democrática establecido en la Constitución Española.

El artículo 23 de la Constitución Española establece que “1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes”.
Por otro lado, el artículo 77 de la LRBRL dispone que “Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
…”ha de recordarse que entre las funciones que pertenecen al núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporación municipal se encuentran la de participar en la actividad de control del gobierno municipal, la de participar en las deliberaciones del Pleno de la corporación y la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores funciones.”

El alto Tribunal, que en esta ocasión hace un recorrido por las innumerables sentencias en las que ya ha condenado con anterioridad a este dictatorial gobierno municipal Tripartito, por su antidemocrática y permanente obstrucción a los concejales de la oposición, en el ejercicio de sus derechos políticos democráticos como concejales y como ciudadanos. Llegando a reprender expresamente la actitud antidemocrática y oscurantista del Tripartito en el gobierno, como se transcribe en los siguientes párrafos de la sentencia:

…”la petición de los extractos no puede estimarse abusiva habida cuenta la negativa del Ayuntamiento, sin que, por otro lado, pueda predicarse sin más el abuso por el solo hecho de que el concejal recurrente venga solicitando cierta documentación municipal, cuya denegación, por cierto, ha dado lugar a varios litigios entre las partes con el resultado estimatorio para el concejal recurrente.” Es decir, litigios que SIEMPRE he ganado yo.
En efecto, en la Sentencia de esta Sala y Sección de fecha 25 de octubre de 2017, recurso de apelación 164/17 –reproducida en la de 1 de febrero de 2018, recurso de apelación 616/17 -, dijimos en relación con un recurso planteado entre las mismas partes que «Esa integridad del expediente administrativo no es un requisito menor sino esencial. Sólo así, exigiéndose la integridad del expediente administrativo, soporte causal del acuerdo plenario, se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo municipal. Si no se tiene acceso a ese dictamen preceptivo de la Comisión informativa, con un tiempo mínimo de examen y valoración, se está causando un atropello a los integrantes de la corporación municipal. No es sustituible, en absoluto por un genérico derecho de acceso a la información existente en el expediente, pues este, evidentemente, está indiscutiblemente incompleto».
Y en nuestra Sentencia de 17 de abril de 2018, recurso de apelación 131/18 –reproducida en otra de la misma fecha, recurso de apelación 72/18-, dijimos que «Una mínima, elemental conciencia y cultura democrática impone adoptar una posición diametralmente opuesta si del acceso a determinada documentación se está hablando. En caso de duda, la decisión municipal debe ser siempre la de proporcionar un franco acceso a toda la documentación que obre en el consistorio. Ni siquiera si la oposición realiza una “batería de solicitudes sucesivas” cabe denegar el acceso.»
Para continuar sorprendiéndose los magistrados del TSJ. “Cabe preguntarse la situación pasiva; ¿en qué perjudica al alcalde y al equipo de gobierno que la oposición tenga acceso a determinados expedientes?;»

Pregunta que yo hago extensible al resto de los ciudadanos del Municipio de Cacabelos.

Para concluir, como en tantas otras ocasiones anteriores en:

F A L L A M O S
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Cacabelos contra la Sentencia de 15 de enero de 2018 dictada en el procedimiento de protección de derechos fundamentales núm. 381/17 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de León, la cual se confirma en su integridad, condenando al Ayuntamiento apelante al abono de las costas procesales.

Condena en costas una vez más al Ayuntamiento de Cacabelos que no pagarán de sus bolsillos los concejales TOTALITARIOS DEL TRIPARTITO, sino nosotros: TODOS LOS VECINOS del Municipio.

Adolfo Canedo Cascallana
CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

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Cuando se cumplen 3 años de la probada incompetencia para el Gobierno Municipal del Tripartito del PSOE, IU y ACC(Podemos), su cruzada demencial contra la oposición de Adolfo Canedo y los concejales del PP, se frustra permanentemente por el archivo de sus denuncias contra ellos.

Ayer mismo, cuando el Tripartito anunciaba a bombo y platillo, una nueva denuncia personal y su comparecencia en los juzgados correspondientes, contra Adolfo Canedo:
El Fiscal Jefe de Ponferrada decretaba el archivo de otra de las innumerables denuncias del Ayuntamiento contra Adolfo Canedo y los concejales del Grupo Municipal Popular. Denuncias que pagamos TODOS LOS VECINOS y que, hasta esta, TODAS HAN SIDO SOBRESEIDAS O ARCHIVADAS

Se trataba de otra falsa denuncia por una presunta infracción penal por falsedad en documento oficial presentada por el Tripartito contra todos y cada unos de los Concejales de la Oposición Municipal, que se ha archivado fundamentalmente porque se había “ omitido ” información fundamental para el caso a la Fiscalía. Este “oportuno olvido” fue solventado por los Concejales denunciados, que aportaron la documentación que faltaba en sus comparecencias en el juzgado.
No nos sorprende esta deliberada forma de proceder del Gobierno Tripartito, que en su incompetencia manifiesta para llevar a cabo las políticas e inversiones que el Municipio necesita, se ha instalado en la estéril oposición a la oposición, en el ciego revanchismo y ahora, ante la constante frustración de sus intenciones, en la vendetta personal. Eso sí, todo a costa del Presupuesto Municipal.
Ayto.

Ante esto, solo nos queda la defensa a ultranza de nuestros derechos que implica las constantes e innumerables condenas judiciales a las maneras de gobernar del Tripartito presidido por el socialista Sergio Álvarez, y el sobreseimiento o archivo de las denuncias que nos presentan desde todos los frentes a la oposición.
Sabemos y esperamos que en el futuro seguirá siendo así, cuando la justicia se pronuncie no a golpe de denuncias cegadas y manipuladas por la rabiosa vendetta, sino por la verdad de los hechos probados.
Será entonces cuando nosotros mismos y el resto de la ciudadanía cacabelense exigiremos las gravísimas responsabilidades políticas, judiciales y personales al Alcalde y su Gobierno Tripartito por su incesante e infructuosa caza de brujas a la Oposición, que solo busca ocultar su incompetente, ineficaz y frustrante gestión.


Las manifestaciones vertidas ayer por el letrado Ángel Franco, responsabilizándose en primera persona de los actos de sus representados: Fernando Nistal Puerto y –Constructora Nistal y Bello S.A.- contra Adolfo Canedo, no dejan de ser una carga que se asume por bien pagada o por los motivos y circunstancias que Ángel Franco y sus clientes hayan determinado.


Los hechos indiscutibles e indiscutidos aparecen en el Auto, que devino firme y no tiene recurso, que di a conocer la semana pasada y que, además de mis opiniones expresadas en un artículo sobre el mismo, envié el Auto íntegro a todos los medios de comunicación de la Comarca; como aparece publicado en el Facebook del PPCacabelos. En él aparece como recurrente, apelante y denunciante, quien ahora se pone de perfil: Fernando Nistal Puerto y Constructora Nistal y Bello S.A. Los motivos los conocerán el abogado Ángel Franco y sus representados.

NB*

El único protagonista del lamentable calvario judicial que el Letrado Sr. Gómez Franco y la empresa protagonizaron he sido yo, Adolfo Canedo, a quien se denunció a título personal, nunca al Ayuntamiento de Cacabelos y la Junta de Gobierno como se miente en las manifestaciones. Tras 4 años de incesante acoso judicial, ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno que yo presidía, ni la secretaria, ni ningún técnico municipal de la época, ha recibido denuncia alguna, a la que el Letrado Sr. Gómez Franco se refiere, por lo tanto se falta miserablemente a la verdad.
Lamento que tras la dilatada experiencia en la abogacía, del Sr. Gómez Franco, pretenda convencernos a los cacabelenses de que su representación legal es la única responsable de estos desafortunados hechos, que el Sr. Gómez Franco, presentó una denuncia a título personal y no en representación de sus clientes. Cualquier ciudadano sabe que para iniciar estas acciones legales tanto Fernando Nistal Puerto como yo o cualquier otro ciudadano, necesitamos de abogado y procurador que nos represente en instancias judiciales y a cuyos profesionales instruimos de nuestras pretensiones.
Soy consciente y conocedor de las resoluciones judiciales previas a las que el Letrado Sr. Gómez Franco, hace referencia en su nota, por el asunto de la valla en la Trv. Alférez Provisional (HOY Trv. TORANO NUOVO); pero tanto el Sr. Gómez Franco, como letrado, como yo sabemos que todas han sido anuladas por este Auto definitivo y que no tiene recurso.
Pero también el Sr. Gómez Franco y yo sabemos de primera mano, el acoso judicial y empresarial al que me sometieron desde que se concedió la referida licencia, con autos judiciales que se trasladaban de forma totalmente irregular al Ayuntamiento que yo presidía; de su propias manos en algunos casos y en otros se nos notificaban resoluciones judiciales a través del fax de la Constructora Nistal y Bello S.A. para sorpresa de propios y extraños, y contra todo procedimiento judicial habitual.
La falta de respeto a la inteligencia de la mayoría de los ciudadanos del Municipio la comete el Sr. Gómez Franco, por la simple lectura de sus manifestaciones contrastadas, no con las mías, sino con la lectura del Auto definitivo de la Audiencia Provincial de León, que devino firme y contra el que no cabe recurso alguno. Las difamaciones y las manipulaciones sostenidas en estos cuatro años de forma infundada, también.
Sobre la trama política de esta historia, manifiesta el Sr. Gómez Franco un sospechoso, aunque no sorprendente, conocimiento de un expediente urbanístico municipal que, según el Sr. Gómez Franco, se ha reactivado en el Ayuntamiento gobernado por el socialista Sergio Álvarez contra la ejecución de la valla. Yo solo puedo decirle que, consultados los propietarios interesados por esta presunta infracción, una vez más: NUNCA HAN SIDO NOTIFICADOS NI SE LES HA DADO TRASLADO, DEJEN DE MANIPULAR Y DE MENTIR.

Adolfo Canedo Cascallana
CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO DE CACABELOS

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La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, sección 3ª de León, confirma la del Juzgado de Ponferrada, el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por Fernando Nistal Puerto -Constructora Nistal y Bello S.A.- contra Adolfo Canedo.

Se me imputaban distintos delitos como desobediencia, delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística u ordinaria. Los hechos se originaron por haber concedido la Junta de Gobierno Local Popular que presidía, la licencia de reconstrucción de una valla de cierre en la Trv. Alférez Provisional (HOY Trv. TORANO NUOVO) a sus legítimos propietarios, después de que la Constructora Nistal y Bello S.A la hubiese demolido.

Estos hechos que se archivan, por tercera vez y definitiva, levantaron una tormenta política que el PSOE de Cacabelos rentabilizó a través de una serie de comunicados de prensa emitidos por sus concejales en todos los medios de comunicación y colocados en los tablones de anuncios del Ayuntamiento. A través de ellos los socialistas hacían, sin ningún rubor, el caldo gordo a la empresa que me incriminaba, por velar por los intereses de los vecinos afectados por el atropello. El PSOE que hizo suyas estas falsedades y las difundieron en mi contra y contra mi equipo de gobierno hasta la campaña electoral de 2015.

Por la influencia de unos actores sin escrúpulos, he sido sometido a todo tipo de presiones, llegando incluso a la presión judicial, donde fui acusado de desobediencia, y más de una resolución judicial me exigía que fuera contra mis propios actos administrativos que eran firmes y que nunca habían sido recurridos. Lo más grave fue una resolución judicial que llegó a requerir al Ayuntamiento que presidía, para que suspendiera la licencia concedida, y que facilitara la demolición de la valla y cierre metálico levantando según la licencia, haciéndome responsable de su ejecución; ahora queda probado que la licencia fue totalmente legal, y lo que es más grave, queda demostrado que lo ilegal es la construcción del “Edificio Roma” al no haber sido construido en la alineación de la calle colindante.
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Una vez más, se demuestra, como el poder del dinero de unos empresarios sin escrúpulos no tiene límites, para presionar, intimidar y denunciar a un Alcalde por no plegarse a sus intereses, y ponerse del lado de sus adversarios políticos para influir en la pasada campaña electoral de las municipales del año 2015.

Cuatro años después se hace justicia y se zanja finalmente el tremendo acoso judicial, político, social y empresarial que he padecido durante estos años en un asunto en el que yo únicamente me limité a cumplir escrupulosamente con la legalidad y lo que los informes técnicos y jurídicos municipales indicaron en su día.

Otra cosa muy distinta es lo que ha hecho de forma bastarda el PSOE de Cacabelos en estos años, y es aplicar su máxima de “difama que algo queda… y de eso siempre podremos arañar unos votos”; cuando la realidad es que son ellos a los que la corrupción sostenida en el tiempo les llega al cuello hasta ahogarlos cada día más. Frente a la indefensión y el atropello de los legítimos derechos de unos humildes ciudadanos en la protección de su propiedad, el PSOE de Cacabelos se alinea con un empresario que solo atiende a sus intereses espurios.
Como siempre, lamento que la justicia en este país sea lenta y, como en este caso, deje de ser justa con quien solo busca la escrupulosa defensa de la legalidad y el interés público, sometiéndome durante los últimos 4 años a todo tipo le injurias, difamaciones, falsedades y vejaciones. Pero también anuncio mi derecho a resarcir mi integridad moral exigiendo responsabilidades a todos y cada uno de estos personajes que la han vapuleado pública y privadamente mientras duró este largo calvario.

El Partido Popular de Cacabelos avala sin fisuras esta iniciativa porque sabemos que nuestra Villa es, SIN NINGUNA DUDA NI RESERVAS, una de las mas bonitas de la Comunidad y del Pais.
Dejando claro nuestra indudable apuesta a favor de esta impagable plataforma publicitaria para Cacabelos, exigimos al incompetente Gobierno Local del Tripartito que pongan todos los medios y servicios públicos municipales al servicio de este empeño, que solo reportará beneficios para todos.

Exigimos que se erradiquen las constantes infracciones que denunciamos en esta imagen, para que no vuelvan a aparecer en los medios de comunicación fotos tan lamentables como esta, que ponen en evidencia el deterioro, el abandono y la desidia del desgobierno municipal:
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se trata de una imagen del epicentro del Camino de Santiago -PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD- a su paso por Cacabelos, donde se revelan comportamientos incívicos que ponen en peligro, a diario, nuestro rico patrimonio ante la desidia del Gobierno de Sergio Álvarez. Y eso que se trata de una céntrica zona urbana impuesta como “peatonal”.
A Cacabelos le sobra potencial para ser ‘El pueblo más bello de Castilla y León 2018’, solo necesita que el Tripartito cumpla con su principal obligación de cuidarlo y protegerlo.

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