En buena réplica, ante la manifiesta desinformación que transmite el Gobierno de Junior Rodríguez en su comunicado queremos aclarar:
- Que de todos es conocido que la lentitud de la Justicia la convierte en injusta; pero en un estado democrático de derecho es el único y último recurso de los ciudadanos para proteger sus derechos. Y aunque lenta, sus sentencias hay que cumplirlas.
- Que en su legítimo derecho a la información, el Partido Popular de Cacabelos ha informado puntualmente de todos y cada uno de los fallos judiciales que han afectado a este asunto, en defensa de los derechos de los 41 vecinos del Edificio Roma y del resto de los vecinos del Municipio de Cacabelos que se ven directamente afectados por esta aberración urbanística.
- Que la ILEGALIDAD DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ES FIRME desde hace años y que en este momento se está resolviendo la ejecución de las sentencias, es decir, en este momento se debe RESTABLECER LA LEGALIDAD.
- Que de las maniobras de dilación tomadas por el Ayuntamiento de Cacabelos, para no ejecutar las sentencias a COSTA DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, NO SON RESPONSABLES LOS DEMANDANTES sino los gobernantes socialistas (incluido Junior Rodríguez) que impunemente disparan con la pólvora del rey.
- Que como las distintas sentencias sobre este asunto son públicas, vamos a relacionarlas para que los 41 vecinos afectados inicien las acciones legales oportunas contra quien tenga la responsabilidad de haberles vendido sus viviendas en una finca que NI SIQUIERA TENÍA LA CONDICIÓN DE SOLAR EDIFICABLE, cuando obtuvo la licencia ilegal.


Con todo lo anterior y para general conocimiento puntualizamos:
Que la calle Travesía Alférez Provisional (hoy Torano Nuovo) es una CALLE PRIVADA, lo determina la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de fecha 28 de Octubre de 2013.
Que los propietarios de la citada Travesía tenían todo el derecho a levantar la valla divisoria de su propiedad “derribada por la constructora”, lo sentenció también la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de fecha 28 de Octubre de 2013.
Que la licencia municipal concedida a la promotora constructora del Edificio Roma ES NULA y por lo tanto ILEGAL lo reconoce la sentencia del Juzgado de Lo Contencioso/ Administrativo núm. 1 de León, de fecha 22 de Marzo de 2017, que es firme.
Que el Ayuntamiento de Cacabelos está obligado a restablecer la Legalidad anterior al momento de la concesión de esa licencia lo ordena el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo núm.1 de León, en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 79/2009; también en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 263/18; igualmente en los autos de Recurso de Apelación núm. 336/2020, seguidos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y por último, en los autos de Ejecución Definitiva núm. 22/2018, seguidos ante el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo núm.1 de León.
Y estos hechos JUZGADOS Y SENTENCIADOS son los que tiene que asumir el Gobierno de Junior Rodríguez como Alcalde, en vez de elaborar un amasijo de infundios y mentiras peregrinas propias de Truhanes, Troleros y fuleros, que solo buscan un efecto exonerador de sus responsabilidades, en un asunto que ya conocía mucho antes del ser Alcalde. Su condición de copropietario le obligará a tomar las medidas oportunas que considere, pero en su condición de Alcalde es donde, en su toma de decisiones judiciales, no puede ampararse en su permanente victimismo, ni en su presunto desconocimiento de la realidad administrativa, ni mucho menos en la sarta de Mentiras que enumera pretendiendo confundir a sus administrados; quedando demostrado que todas estas sentencias son posteriores a mi mandato como Alcalde.
El resto del comunicado del Gobierno de Junior Rodríguez son fuegos de artificio y juegos malabares, que pretenden justificar los innumerables recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Cacabelos y por él mismo como Alcalde, para justificarse ante sus vecinos de portal y ante quienes se benefician de su juego judicial recurriendo en todas las instancias judiciales posibles lo irrecurrible A COSTA DE TODOS LOS VECINOS DEL MUNICIPIO.