Los POPULARES de Cacabelos nos felicitamos y reconocemos la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X a nuestro paisano, el escritor Raúl Guerra Garrido.
El último Gobierno Municipal Popular ya le homenajeó, acercando su obra a sus vecinos.
-en este enlace recordamos su visita:
https://www.bierzotv.com/raul-guerra-garrido-presenta-la-estrategia-del-outsider-o-la-vuelta-al-mundo-de-naraya-sola/
Nuevo varapalo judicial para el Alcalde prevaricador, Sergio Álvarez, en su vehemente cruzada judicial contra Adolfo Canedo, al sobreseerse y archivarse por 2ª vez la denuncia interpuesta ante el JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº1 de Ponferrada por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con relación a la ampliación del Cementerio de Cacabelos.
Esta resolución supone, UNA VEZ MÁS, un nuevo revés para el prevaricador Sergio Álvarez, que desde su posición de Alcalde del Ayuntamiento de Cacabelos, ha mantenido una cruenta batalla judicial y mediática de mentiras y denuncias falsas contra el concejal cacabelense, con el único propósito de sacar a toda costa de la vida política a Adolfo Canedo. Todo ello, supone ya un insoportable coste judicial para los bolsillos de los ciudadanos que ven día tras día como el revanchismo político que ciega al Alcalde, merma los recursos económicos de las arcas municipales.
Ya hemos denunciado públicamente con anterioridad, en múltiples ocasiones que, cuando los cauces democráticos de confrontación política le son desfavorables o insuficientes, el prevaricador Sergio Álvarez y el Tripartito –PSOE, IU y ACC (Podemos) que lo apuntalan, no dudan en recurrir a la difamación y la mentira ante los medios de comunicación e, incluso, a interponer denuncias falsas ante las instancias judiciales.
En este caso, dice la Fiscalía en su Informe: “se puede deducir que la ampliación del cementerio era una necesidad perentoria del municipio, que la tramitación administrativa siguió los cauces legales-procesales oportunos, que hubo el correspondiente acuerdo municipal…/…no se observa en este momento procesal elemento incriminatorio alguno del cual se pudiera desprender la comisión de un delito de prevaricación, y, en su caso, de malversación de caudales públicos…/…prevaleciendo evidentemente la resolución del órgano colegiado…/…tampoco que se ocasione un resultado materialmente injusto, tampoco ha quedado probado, insistimos, en este momento procesal, que las resoluciones hayan sido dictadas con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, y con el conocimiento de actuar en contra del derecho”
Nuevamente, y por 2ª VEZ EN EL TEMA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO, la justicia da la razón a Adolfo Canedo y al resto de su Equipo de Gobierno Popular, que en su día acometieron la ampliación del Cementerio; para los que el Alcalde prevaricador, Sergio Álvarez, quería hacer extensible las responsabilidades de una denuncia que no puede, ni pudo demostrar documentalmente su ilegalidad ante el juzgado, ya que lo que no existe no se puede demostrar, a pesar de contar con los cómplices necesarios.
EL TRIBUNAL SUPREMO ha ratificado la condena al Alcalde y Gobierno Municipal de Cacabelos, por la permanente vulneración de los DERECHOS FUNDAMENTALES de los concejales de la oposición, violando los preceptos contenidos en el art. 23 de la Constitución, COMO YA LO HABÍA HECHO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN, SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN 3ª en Valladolid.
El más alto Tribunal del Estado confirma la sentencia que condena una vez más, la permanente obstrucción a los concejales de la oposición en sus derechos de acceso a los expedientes municipales para ejercer su labor política y democrática como concejales y ciudadanos.
Recordamos que en este procedimiento ya el Tribunal Contencioso-Administrativo de León y Tribunal Superior de Justicia de CyL habían afeado las actitudes antidemocráticas de Sergio Álvarez, llegando a reprender expresamente la actitud antidemocrática y oscurantista del Tripartito en el gobierno, como se transcribe en el siguiente párrafo:
“El hecho de que no se sea interesado (Adolfo Canedo) en un procedimiento administrativo no impide tomar conocimiento del mismo a un miembro de la corporación municipal. Y ello porque no sólo podría, según los casos, formar parte del órgano decisorio sino, por meras y constitucionales facultades de control del actuar municipal. Cabe preguntarse la situación pasiva; ¿en qué perjudica al alcalde y al equipo de gobierno el que la oposición tenga acceso a determinados expedientes?”
Y también hacía referencia a la deficiente falta de argumentación de la defensa del Alcalde prevaricador, que se obstina ciegamente en defender su autoritarismo, a costa de un sin fin de recursos judiciales insostenibles incluso para su representación judicial:
“Sorprende que la defensa de la administración demandada (Ayuntamiento de Cacabelos) no haga la más mínima crítica de la sentencia que apela. No centra ni identifica los argumentos que no comparte. Más aún; realiza una exposición de la doctrina jurisprudencial aplicable para, inmediatamente, defender una solución radicalmente contradictoria con la doctrina invocada.”
En esta providencia del Tribunal Supremo se confirma la permanente persecución política del Tripartito de Cacabelos a la oposición Popular. Además de ratificar la condena dictada por el Tribunal Superior de Justicia de CyL y la del Contencioso-Administrativo de León, al que había recurrido el concejal, Adolfo Canedo, en defensa de sus más elementales derechos de participación política democrática. Derechos fundamentales permanentemente pisoteados por el prevaricador Sergio Álvarez y sus camaradas del Tripartito que gobierna Cacabelos, pese a autoproclamarse permanentemente “los más demócratas, progresistas y transparentes”.
Una vez más el TRIBUNAL SUPREMO condena innecesariamente en costas al Ayuntamiento de Cacabelos que abonará en costas de abogados y procuradores no menos de 20.000 €, por su obcecación en los distintos recursos, que no pagarán de sus bolsillos el Alcalde prevaricador ni los concejales inquisidores, sino TODOS LOS VECINOS DE CACABELOS.
Hoy nos hemos enterado de las expulsión del PSOE de la 1ª Teniente de Alcalde Maika González, que se suma a la expulsión del Alcalde por su condena por prevaricador.
…Y SIGUEN EN SUS PUESTOS MUNICIPALES APUNTALADOS POR SUS CAMARADAS DEL TRIPARTITO:
¿esto es transparencia?
¿esto es avanzar en democratización?
¿esto es gobierno municipal limpio?
¿esto es el cambio de la corrupción?
Partido Popular ha presentado en el Senado una proposición de ley por la que se deroga la ley 29/1987, es decir, para suprimir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hasta ahora, lo que proponía el Partido Popular era bonificarlo al máximo (al 99%) en autonomías en las que gobierna, como Castilla y León, Comunidad de Madrid y Andalucía…
La iniciativa asegura que es necesario suprimirlo del todo, en busca de”un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrán carácter confiscatorio”, tal como se establece en la Constitución.
En opinión de los ‘populares’, este gravamen “supone la doble imposición al gravar unas rentas y bienes que han sido sometidos a tributación anteriormente” y por lo tanto penaliza el ahorro.
En el escrito se señala que Sucesiones y Donaciones recae, principalmente, sobre las clases medias, que no pueden configurar sus patrimonios para que no sean gravados por dicho impuesto o acceder a las ventajas fiscales que eliminarían los efectos del mismo.
< strong>Diferencias fiscales
El PP pone de relieve, también, las enormes diferencias de la fiscalidad de dicho impuesto según la autonomía en la que se pague, “lo que motiva a los ciudadanos a deslocalizar sus patrimonios a otras comunidades con más baja fiscalidad”.
Recuerda el escrito del PP que las clases medias suelen adjudicar por sucesión o donación, “principalmente bienes inmuebles, puesto que la compra es, tradicionalmente, el principal ahorro para los ciudadanos”. Inmuebles, que ya en vida del donante soportan cargas fiscales, estatales y municipales. “Un mayoritario número de familias se plantean si aceptan o no una herencia por no poder pagar el tributo ya que en algunas comunidades puede llegar a ser confiscatorio”, apuntan los populares.
“El Impuesto sobre sucesiones y donaciones no llega al 1% de los ingresos tributarios que recibe el Estado, por lo que su supresión no reviste un perjuicio insoportable”, inciden los populares.
La proposición consta de tres artículos. El primero deroga la ley del impuesto. El segundo y el tercero modifican las leyes de financiación autonómica. Además, la disposición transitoria segunda establece, “por una sola vez desde la entrada en vigor de la ley”, una compensación igual a la última recaudación que hayan obtenido cada una de las comunidades y ciudades autónomas por este impuesto.
sumando más Cacabelos para las Municipales del 2019
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