Toda la oposición rechaza el nuevo órgano ‘alimenticio’ del Consejo |
Los argumentos del equipo de gobierno para justificar la necesidad de la Junta de Coordinación no logran convencer al resto de los grupos, que ven en esta medida un recurso forzado para retribuir a los cuatro consejeros de PSOE y Coalición que no pertenecen a la Junta de Gobierno.
Tras un debate de algo más de una hora, el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó este jueves la creación de la polémica Junta de Coordinación con los 14 votos a favor de PSOE y Coalición por El Bierzo y 12 en contra de PP —el consejero popular Ricardo Miranda estaba ausente—, Ciudadanos, Ponferrada en Común y USE.
Los cuatro consejeros del equipo presidido por Gerardo Álvarez Courel que no pertenecen a la Junta de Gobierno pero que ostentan delegaciones especiales —los socialistas Carmen Morán, Miguel García y Alicia García, y el bercianista Raúl Fernández— pasarán a cobrar 520 euros mensuales por asistir a una reunión semanal de este órgano cuestionado por toda la oposición. En total, cerca de 25.000 euros al año.
Adolfo Canedo criticó la recuperación de esta figura introducida bajo el mandato del socialista José Luis Ramón y suprimida con la llegada a la presidencia del Consejo de Alfonso Arias (PP). Tanto el portavoz popular como los del resto de los grupos alertaron de la posible “desviación de poder” de la que advierte el informe de Secretaría si lo que se pretende es una ampliación por la puerta de atrás de la Junta de Gobierno, formada por diez miembros. Canedo fue más lejos al señalar que de concurrir ese supuesto “estaríamos ante un fraude de ley”.
Por el contrario, tanto David Voces (PSOE) como Iván Alonso (CpB) defendieron la necesidad de este órgano intermedio para coordinar las áreas de trabajo y la representación territorial, mejorando la información entre los consejeros. Ambos enfatizaron además que los asuntos a tratar en ningún caso serán los mismos que los encomendados a la Junta de Gobierno, aunque sus reuniones esté previsto que se celebren el mismo día. Voces la calificó de “esencial” para el funcionamiento del Consejo y Alonso acusó repetidamente a los detractores de la propuesta de “hacer demagogia” con este asunto.
Pero el hecho de que sean precisamente los cuatro consejeros del equipo de gobierno hasta ahora sin más asignación que las asistencias a los plenos y comisiones los que vayan a conformar este nuevo órgano abona las suspicacias de la oposición, que lo tacha de innecesario y puramente alimenticio. “Por qué tienen que cobrar todos los miembros del equipo de gobierno”, se preguntó Canedo (PP). Para USE, la forma de plantear el asunto “es un trágala”. Miguel Ángel Fernández (PeC) sostuvo que “solo responde al cobro de emolumentos” y Rosa Luna (C’s) reiteró el argumento de la “desviación de poder” y renunció a la posibilidad de incorporarse al nuevo órgano como delegada de Transferencias.
En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los grupos, con un debate de apenas 10 minutos, fue en la creación de una Junta de Portavoces que tendrá seis miembros a los que se prevé retribuir con 130 euros por reunión, con un máximo de doce al año.