Con esta decisión de la Dirección General, advertimos de la posible ILEGALIDAD cometida por el Alcalde de Cacabelos, Don Sergio Álvarez, que puede ser constitutiva de delito.
Tras los lamentables sucesos, todavía sin aclarar oficialmente, ocurridos en el Ayuntamiento de Cacabelos, entre el Interventor Municipal y el Alcalde: que dieron como consecuencia una denuncia de Don Sergio Álvarez y una baja laboral del funcionario:
El Alcalde de Cacabelos nombró por decretazo Interventor Accidental al Policía Local J.C.N.B., sin ningún tipo de cualificación profesional para realizar las labores de la Intervención Municipal y sin la necesaria Categoría Laboral, ya que es un funcionario local del Grupo C2 que desarrollaría, a golpe de Decreto de Alcaldía, funciones de un habilitado nacional de Clase 2ª del Grupo A1.
El objetivo de esta temeridad no fue otro que no dejar de cobrar los suculentos sueldos que se han autoimpuesto los miembros del Tripartito que gobierna el Municipio y las nóminas de los trabajadores y secuaces, algunas de las cuales se han visto incrementadas sustancialmente en estos últimos meses.
Lo que si es seguro es que, el nombramiento por decretazo del Policía venido a Interventor Accidental, no ha servido para pagar a los proveedores y suministradores del Ayuntamiento de Cacabelos que, según nos han hecho saber, no han cobrado sus servicios desde que se produjo la baja del Interventor titular.
Con estos precedentes, el pasado día 5 de octubre el Señor Alcalde, Don Sergio Álvarez, pretendió que la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León le autorizara este nombramiento irregular. El día 6 de octubre la Dirección general contesta “que existe una desaparición sobrevenida del objeto de la solicitud de Interventor Accidental, y se procede archivar tal solicitud”.
Con todo ello, hacemos público que el policía Local ha estado desempeñando las funciones de la Intervención Municipal y la de Clavero del Ayuntamiento de Cacabelos desde agosto hasta el nombramiento del Interventor Interino por parte de la Dirección General la pasada semana. Todo ello puede suponer un posible delito de usurpación de funciones, además de la existencia de otras conductas susceptibles de estar inmersas en ilícitos legales.